Audiencia en la Cámara analiza proyecto que sancionaría a quienes ignoren avisos de peligro y posibilitaría la confiscación de embarcaciones

La Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes celebró el lunes 13 de abril una vista pública sobre el Proyecto de la Cámara 908, que propone enmendar el artículo 7 de la Ley 430 para establecer sanciones —incluida la posible confiscación de embarcaciones— cuando personas hagan uso de embarcaciones u otros vehículos de navegación pese a advertencias de las autoridades.

Francisco Bruno Orellano, subcomisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Departamento de Seguridad Pública), dijo que el negociado “endosa definitivamente este proyecto” porque entrega “una herramienta más clara” a los agentes de orden público, pero advirtió que las leyes vigentes tienen límites operativos: “las leyes que hay, aunque están, son un poco limitantes” cuando no existe una orden ejecutiva del gobernador, lo que en la práctica restringe la aplicación inmediata de sanciones en eventos sin declaración de emergencia.

Los técnicos del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan, representados por Ernesto Rodríguez (director de la oficina de pronóstico) y Ernesto Morales (coordinador de avisos), explicaron la base científica de las advertencias —modelos de oleaje, mareas y forma de la costa— y subrayaron la complejidad de traducir esos productos en medidas punitivas: “nuestros pronósticos están hechos para Puerto Rico” y algunos productos de menor rango no se distribuyen por los sistemas de alerta que llegan a todos los celulares, señalaron.

Varios legisladores presionaron sobre aspectos prácticos. La Comisión pidió al Negociado un informe financiero en un plazo de siete días para cuantificar el costo promedio de búsquedas y rescates; el negociado proporcionó estimaciones preliminares, mencionando que una salida de helicóptero de la Guardia Costera puede superar los $5,000 y que las embarcaciones de apoyo y combustible implican gastos significativos. La Cámara también solicitó la lista de las 17 playas más peligrosas identificadas en estudios previos para orientar políticas y campañas.

Se discutió la logística de la confiscación: el proyecto remite, en caso de aprobación, a marcos de confiscación existentes (se mencionó la Ley 119 de 2011) pero las agencias presentes advirtieron que almacenamiento, remolque y custodia requerirían capacidad de la Policía, coordinación con el Departamento de Justicia y claridad sobre responsabilidades.

Técnicos y legisladores coincidieron en que la sanción penal no debe ser la única herramienta. Ernesto Morales llamó la atención sobre la “fatiga de alertas” (el público deja de atender avisos si son demasiado frecuentes) y abogó por campañas de educación dirigidas a turistas y población local; dijo que Puerto Rico tiene unos 3.3 millones de residentes y recibe alrededor de 4 millones de visitantes al año, y que una porción importante de las muertes recientes han correspondido a personas en visita. Legisladores plantearon estrategias de alcance: materiales empáticos, uso de surfistas y pescadores como aliados, integración en escuelas y coordinación con empresas de alojamiento y plataformas digitales.

También se abordaron definiciones técnicas del proyecto: qué constituye “embarcación recreativa”, umbrales de aviso aplicables (por ejemplo, cuándo calificar un evento como aviso/warning susceptible de multa) y excepciones para pescadores comerciales. Los meteorólogos recomendaron limitar sanciones a productos de mayor gravedad (avisos/warnings) para evitar penalizar días con alertas frecuentes y sujetas a interpretación local.

La vista concluyó con acuerdos de procedimiento: las agencias se comprometieron a entregar información solicitada (reporte económico sobre rescates y lista de playas peligrosas) y a participar en una mesa redonda interagencial propuesta por la Comisión para afinar definiciones, protocolos y planes de educación y comunicación. No hubo votación ni acción legislativa final en la sesión; la discusión continuará en próximas instancias.

Qué sigue: la Comisión espera recibir los informes pedidos (financiero en 7 días y listados de playas/agencias en el corto plazo) y organizar una mesa de trabajo con Servicio Nacional de Meteorología, Negociado de Manejo de Emergencias, Turismo, Educación y otras entidades para ajustar el texto del proyecto y definir mecanismos operativos antes de avanzar a etapas legislativas.