Testimonios en la Cámara piden mantener la Ley 47 y la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo

San Juan — La Comisión de Trabajo y Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes celebró el 11 de mayo una sesión pública centrada en el Proyecto de la Cámara 1115, iniciativa que busca derogar la Ley 47 del 2021 y restituir a la Asamblea Legislativa la potestad de fijar el salario mínimo.

En comparecencias consecutivas, representantes de centrales sindicales, miembros de la Comisión Evaluadora de Salario Mínimo y economistas defendieron el diseño vigente y cuestionaron el alcance del proyecto. Emilio Nieves Torres, presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores, afirmó que “La evidencia es clara. La ley 47–2021 funciona” y dijo que “más de 250,000 trabajadores” se han beneficiado de los aumentos escalonados establecidos por la norma.

Los aportes técnicos corrieron a cargo, entre otros, del economista Lillari Ríos González, quien sostuvo que los indicadores oficiales muestran crecimiento en empleo y mejora de la remuneración media desde la aprobación de la Ley 47. Ríos González dijo que la comisión multisectorial creada por la ley aplica “peritaje científico” y que el proyecto 1115 contiene “fallas significativas” en criterios y periodicidad de revisión que podrían dejar sin un mecanismo técnico regular la evaluación del salario mínimo.

Wilkin López del Valle, miembro de la Comisión Evaluadora, detalló el funcionamiento interno: nombramientos por el ejecutivo con consentimiento del Senado, contratación de una firma consultora para estudios económicos y la existencia de vacantes que han limitado reuniones y trabajo. López afirmó que el estudio encargado (mencionado en la sesión) está en su fase final y que, si la comisión no es eliminada, estará en posición para proponer decretos en las próximas semanas.

Desde la bancada a favor del proyecto, el representante Gabriel Rodríguez Aguiló —autor/coautor en el expediente del proyecto— y otros legisladores interrogaron a los deponentes sobre plazos, quórum, transparencia de las actas y si la propuesta redunda en un “congelamiento” del salario. Rodríguez Aguiló planteó que la Asamblea Legislativa mantiene la facultad constitucional para legislar sobre salarios y enfatizó que el proyecto busca, según su versión, mayor control democrático sobre la política salarial.

Los sindicatos insistieron en que la Comisión Evaluadora permite revisiones periódicas y técnicamente fundamentadas que evitan decisiones “políticas” o improvisadas. Edwin Méndez, presidente de la Unión General de Trabajadores, pidió que la comisión reciba recursos y que se llenen las vacantes pendientes para garantizar su funcionamiento pleno.

Durante la sesión se discutieron además aspectos operativos: la reducción presupuestaria que impidió algunos estudios complementarios, la contratación y alcance del estudio económico (comisionado a una firma de consultoría) y la obligación legal que la Ley 47 impone respecto a revisar el salario cada cierto intervalo. Ninguna moción formal ni votación sobre el proyecto se registró en la vista; la jornada concluyó con el compromiso de ofrecer el estudio y continuar el análisis técnico en la comisión.

Qué sigue: la Comisión evaluadora señaló que el informe del estudio económico está próximo a ser entregado a sus integrantes, y que la Cámara continuará recibiendo información antes de emitir una recomendación o informe final sobre el Proyecto de la Cámara 1115.