Detallistas y legisladores exigen investigación sobre permisos de nueva gasolinera en Cerro Gordo, San Lorenzo

La Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Representantes trató el 24 de junio la resolución de la Cámara 224, que pide investigar la otorgación de permisos vinculados a la construcción de una gasolinera en PR-183 km 11.1, barrio Cerro Gordo, San Lorenzo.

La audiencia es relevante porque la asociación de detallistas y legisladores alegan que la tramitación del proyecto saltó pasos legales, no incluyó estudios de viabilidad ni notificaciones exigidas por la Ley 73 de 1978 y por la reglamentación aplicable, y que además se iniciaron obras sin permisos ambientales y sin la vista pública que exige la normativa para nuevos puntos de venta en perímetros con alta concentración de estaciones.

En representación de la Oficina de Gerencia de Permisos, el abogado Miguel Mijayevich presentó la cronología administrativa: el trámite se originó en un anteproyecto aprobado por ARPE en 2004, con prórrogas de vigencia y notificaciones de requisitos a lo largo de 2016–2021, y un permiso de construcción consolidado expedido el 17 de noviembre de 2021. Mijayevich explicó que buena parte del expediente original se sustenta en actos administrativos antiguos (2003–2004) que mantuvieron el anteproyecto “vivo” mediante solicitudes de prórroga.

La Asociación de Detallistas de Gasolinas, representada por Ramón L. Ortiz, dijo que el expediente no contiene un estudio de viabilidad ni constancias de las vistas públicas y que, además, el diseño tramitado actualmente muestra variaciones (por ejemplo, ocho surtidores en lugar de seis). Ortiz afirmó que en el expediente no aparecen notificaciones a colindantes, a la asociación ni a detallistas en el radio reglamentario de 1,600 metros y advirtió riesgos ambientales porque el predio colinda con el río Grande de Eloísa. La ponencia dijo además que los trabajos de construcción comenzaron el 6 de noviembre de 2023, antes del vencimiento del permiso original, y que no constan permisos ambientales (fuente de emisión, gestión de residuos, control de erosión) solicitados por la Junta de Calidad Ambiental en 2003.

La Junta de Planificación informó que recibió la querella consolidada en agosto de 2023 y que, en la inspección inicial, no se observó obra (terreno baldío). Por ahora, la Junta indicó que la potestad para revocar permisos corresponde a la vía judicial y que su facultad administrativa se ejerce según los plazos y límites establecidos en la Ley 161/2009; la Junta explicó que reactivará la investigación motu proprio si hay movimiento de obra y que las actuaciones pendientes fueron paralizadas hasta que exista una determinación final de la OGPe.

El representante Aponte Hernández y otros legisladores subrayaron que, si bien parte del expediente es antiguo (2004–2008), el permiso vigente a la fecha de la vista es el de noviembre de 2021 y que la ley exige estudio de viabilidad y vistas públicas cuando procede. Aponte instruyó solicitar a OGPe el expediente completo y fijó 15 días laborables para la entrega de la documentación solicitada; también se acordó remitir el caso a la división de auditoría y querella de la Junta de Planificación para una nueva inspección por posible inicio de obras.

La comisión registró compromiso de seguimiento: requerir copia del expediente histórico y actual, informes sobre permisos ambientales y confirmar si se celebraron vistas públicas y notificaciones a interesados. Los legisladores dijeron que procederán con las gestiones administrativas y, en su caso, con acciones legales si las pruebas confirman violaciones al marco regulatorio.

La Asociación de Detallistas pidió a la Cámara una investigación rigurosa para restablecer la confianza en el sistema de permisos y proteger a los comerciantes establecidos y los recursos naturales de la zona.