Comisión discute proyecto que faculta certificados de rehabilitación y permite contratar exconvictos en municipios

La Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Representantes de Puerto Rico celebró una vista pública sobre el Proyecto de la Cámara Núm. 6, presentado por el presidente de la Cámara Carlos Johnny Méndez, que busca aclarar el marco para expedir un “certificado de rehabilitación y capacitación para trabajar” a exconvictos y habilitar su contratación por municipios, en sesión realizada en el Salón de Audiencias 2 con la presidencia del representante Luis Pedro Ortiz.

La pieza, según expuso la Comisión, enmienda disposiciones del marco legal vigente —incluyendo referencias a la Ley 254 (27 de julio de 1974), cambios posteriores y el plan de reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011— para precisar qué agencias y requisitos aplican a la certificación de rehabilitación y a la subsiguiente habilitación para empleo público municipal. El objetivo declarado por proponentes y varios legisladores fue facilitar la reinserción laboral de personas que cumplieron sentencia y reducir la reincidencia.

En la vista comparecieron organizaciones de rehabilitación y tratamiento —Team Challenge de Puerto Rico y Hogares Crea— y la representación del Departamento de Seguridad Pública (DSP). José Martínez, presidente de Team Challenge de Puerto Rico, dijo que la certificación abriría “oportunidades a la libre comunidad” y recomendó que centros de rehabilitación reconocidos por el Estado puedan participar en el proceso de certificación. Héctor Figueroa Rodríguez, presidente ejecutivo de Hogares Crea, solicitó incluir en la medida otras agencias y programas que atienden a la población en reinserción, como los tribunales de justicia y la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (AMS­KA), para mejorar coordinación.

Los proponentes aportaron datos y recomendaciones técnicas. En su exposición, Team Challenge citó un estudio que indicó que, entre sus egresados, 78% permanecen sobrios tras completar el programa, 93% reportaron no tener nuevos problemas legales y 91% mejoría en relaciones familiares; también se mencionó que 26% se matriculó en estudios o capacitación. Los ponentes señalaron la magnitud del trastorno por uso de opioides (mencionaron “2.5 millones” de personas en EE. UU. y territorios y 107,500 muertes por sobredosis en 2023) y datos locales reportados por autoridades sanitarias (738 muertes entre junio de 2019 y agosto de 2021, promedio aproximado de 28 muertes mensuales en ese periodo).

En su ponencia, el Departamento de Seguridad Pública, representado por la licenciada Omar Arias Nieves, explicó que el Negociado de la Policía de Puerto Rico es la entidad que expide certificados de antecedentes penales conforme a la Ley 254 y señaló que las enmiendas propuestas no afectarían, en principio, la operación del Negociado: “la medida según redactada no estaría afectando nuestro funcionamiento,” dijo Arias Nieves. La funcionaria añadió que, tras consultas con personal operativo, el Negociado no esperaba cargas operacionales inmediatas pero aceptó proveer un análisis de impacto fiscal por escrito dentro de cinco días, a solicitud de la Comisión.

Proponentes y legisladores discutieron puntos concretos del texto. Entre las aportaciones recurrentes estuvieron: (1) eliminar o matizar plazos que descalifiquen automáticamente a una persona que arrojó positivo por sustancias durante el último año de confinamiento, siempre que reciba tratamiento; (2) permitir que la certificación tenga vigencia suficiente para facilitar la contratación (se propuso, en discusión, que la certificación o su sustituto tenga validez anual); (3) que los centros de rehabilitación acreditados participen en la evaluación y emisión de certificaciones o en la recomendación al Departamento de Corrección y Rehabilitación y tribunales; y (4) crear mecanismos de coordinación interinstitucional para que la persona salga de la institución con la documentación y acompañamiento que faciliten el empleo (documentos de identidad, SSN, referencias laborales y manejo de casos).

Representantes de las organizaciones explicaron prácticas operativas: Hogares Crea dijo que emite un certificado de reeducación y da seguimiento a egresados por tres años, facilita la obtención de documentos de identidad y mantiene redes de empresas que emplean a graduados; Team Challenge describió fases de tratamiento de más de 18 meses con un año adicional de capacitación y pruebas mensuales de sobriedad para los participantes. Israel Figueroa, asesor clínico de Team Challenge, enfatizó que “el principio de recaída es parte del proceso de tratamiento” y defendió que la ley contemple alternativas de tratamiento en vez de descalificación automática.

Varios legisladores respaldaron la idea general de facilitar la reinserción y prometieron ajustar el lenguaje para evitar estigmas y obstáculos legales; el presidente de la Comisión indicó que la medida no está “escrita en piedra” y que aceptarán enmiendas técnicas tras las vistas. Como pasos siguientes, la Comisión solicitó al Negociado de la Policía un análisis de impacto fiscal en cinco días, y acordó citar al Departamento de Corrección y Rehabilitación y al Departamento de Justicia en una vista posterior para afinar procedimientos operativos y de coordinación.

No se registraron votaciones ni decisiones finales durante la vista; los intervinientes presentaron ponencias, contestaron preguntas y entregaron datos que la Comisión dijo incorporará al expediente para redacción de enmiendas.