Proyecto PC 268 impulsa multas mayores y nuevas facultades para el Negociado de Energía

La Comisión de Gobierno analizó el proyecto de la Cámara 268 el miércoles 6 de febrero, que busca elevar significativamente las multas que el Negociado de Energía puede imponer por violaciones regulatorias y por el incumplimiento de métricas de servicio.

El proyecto propone, entre otros cambios, aumentar las multas administrativas de 25,000 dólares a 125,000 dólares por violación y elevar a 250,000 dólares la sanción aplicable cuando una persona o compañía certificada persista en la violación. Además incluye la creación de delitos administrativos con penas de reclusión y multas en rangos descritos en la exposición del regulador.

Edison Avilés Delis, presidente del Negociado de Energía, explicó por qué la propuesta busca montos mayores: “Permitir que el ente regulador imponga multas que representen un verdadero disuasivo es fundamental para incentivar mejoras en el desempeño de las compañías de servicio eléctrico”. Avilés subrayó, sin embargo, que el uso de sanciones debe respetar el debido proceso y que las acciones sancionatorias pasarían por los procesos adjudicativos establecidos por la ley administrativa.

La Autoridad para Alianzas Público-Privadas (AAPP) presentó alternativas y enmiendas: su director, Josué Colón Ortiz, propuso reducir el máximo diario a 50,000 dólares por violación y la introducción de límites porcentuales (por ejemplo un tope del 15% sobre el service fee o sobre ventas brutas) para operadores privados de activos públicos. La AAPP también sugirió que las multas sean satisfechas con fondos del operador privado y “en ninguna circunstancia” sean pagadas con fondos que impacten directamente la tarifa al consumidor.

Durante el intercambio los legisladores preguntaron cómo se evitaría la repercusión de sanciones en las facturas de los usuarios. Avilés respondió que, en la práctica regulatoria en jurisdicciones comparables, las sanciones suelen cargarse sobre las expectativas de ganancia del operador (service fee o margen del contratista) y no directamente como un cargo separado al cliente; no obstante, reconoció que en la realidad de algunos procesos de reconciliación parte de los costos operacionales terminan incluidos en tarifas.

La vista incluyó ejemplos operativos: Avilés dijo que, tras revisar un apagón y sus efectos, el Negociado estimó 617,000 dólares en combustible adicional que no se trasladaron al consumidor como parte de una reconciliación; el regulador tomó medidas administrativas mientras continúa con el análisis y los procesos adjudicativos correspondientes.

La AAPP planteó además que el gobierno, sus agencias y corporaciones públicas queden exentas del pago de multas y recomendó destinar las sumas cobradas a un fondo especial propuesto (fondo de energía verde). En el debate también se discutió la necesidad de dotar al Negociado de herramientas adicionales para asegurar el cobro, incluyendo órdenes para que entidades públicas depositen fondos que tengan a favor de compañías sancionadas hasta cubrir el monto de la penalidad.

La Comisión pidió información: se solicitó al Negociado de Energía una lista de multas impuestas y los montos cobrados, con un plazo breve para entrega. Los ponentes advirtieron que, para que las multas tengan efecto disuasorio real, el Negociado debe contar con recursos procesales ágiles y una capacidad de fiscalización consistente.

Próximos pasos: la pieza seguirá en trámite en la Cámara; la comisión requerirá la documentación solicitada y evaluará las enmiendas para balancear disuasión efectiva con límites que eviten cargas indebidas a los consumidores.