Comisionada del Negociado de Energía dice que borrador eliminará cobro de $300 por estudio suplementario y abre periodo de comentarios

La Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes celebró una vista pública el 20 de marzo de 2026 en la que la comisionada del Negociado de Energía, Lilian Mateo Santos, informó que el organismo ya contrató a un consultor técnico y publicó un borrador de reglamento para adaptar las normas de interconexión a la Ley 17 de 2019, con el objetivo explícito de eliminar el cargo por estudio suplementario (usualmente $300).

"La fecha límite para que las partes interesadas sometan sus comentarios es el 15 de abril de 2026", dijo Lilian Mateo Santos, al explicar que el borrador se publicó para recibir observaciones informales y que, tras esa etapa, el Negociado iniciará el proceso formal según la Ley 38 de 2017 (Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico).

La presentación incluyó la confirmación de que el consultor técnico contratado es Sinaps; la comisionada dijo que la contratación se hizo dentro de la cuantía del Negociado y que, si fuera necesario, se verificará con la administración cualquier adenda o cambio de monto del contrato.

Durante el intercambio, el presidente de la comisión preguntó si Luma Energy, LLC seguía facturando el cargo de estudio suplementario. La comisionada contestó que la vigencia inmediata de la Resolución Conjunta 5 de 2026 deja sin efecto la disposición del reglamento 89-15 que autorizaba ese cobro, y por tanto "no debería estar realizando ese cobro a partir de la fecha de su aprobación." En la vista se acordó solicitar a Luma una certificación por escrito, con un plazo de 10 días, sobre si dejó de emitir el cobro y cuántos clientes llegaron a pagarlo.

El Negociado también informó que existe una querella administrativa en trámite ante la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC) que involucra a Luma; la decisión del oficial examinador en ese caso subirá al pleno del Negociado y podrá influir en remedios como créditos o reembolsos a clientes afectados. "Dependiendo del resultado del caso, uno de los escenarios es que el Negociado tenga que ordenar devoluciones o créditos a los consumidores", explicó Mateo Santos, advirtiendo que todo dependerá del alcance y la naturaleza de las querellas presentadas.

Respecto a sanciones, la comisionada señaló que si Luma hubiera continuado cobrando después de la entrada en vigor de la ley podría estar expuesta a penalidades por incumplimiento de la política pública energética; mencionó que, según enmiendas recientes, existe un mínimo señalado en $25,000 por multa.

Miembros de la comisión indagaron además quién asumirá los costos de los estudios si se elimina el cargo al prosumidor. El Negociado respondió que esos costos pasarían a integrarse al presupuesto operativo del operador del sistema y que, en ausencia de otro mecanismo, se sufragarían entre todos los consumidores del sistema eléctrico. El organismo explicó también técnicas regulatorias y técnicas (por ejemplo, estudios agrupados o "clústeres") para reducir costos y planificar mejoras con eficiencia.

El Negociado facilitó cifras de penetración: aproximadamente 190,000 clientes con generación distribuida y una capacidad total conectada en el orden de 1,400–1,500 megavatios, y mencionó el programa SIBE (uso de baterías de clientes) como recurso usado en ocasiones para mitigar déficits y evitar apagones. El organismo señaló que, tras la etapa informal de comentarios y los talleres que coordina el consultor, iniciará el trámite formal que la ley permite completar en 365 días si no surgen cambios sustanciales.

La comisión anunció que dará seguimiento a la implementación de la resolución y que ha pedido a Luma y al Negociado la información solicitada en el plazo fijado; no se registró una votación formal en esta vista.