Representantes cuestionan a la Autoridad de Acueductos por costos, depósitos y omisiones en registros de conexiones

La Comisión de la Región Sur de la Cámara de Representantes citó a funcionarios de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) en una vista pública en la que legisladores y técnicos discutieron los altos costos de instalación de acometidas, el procedimiento de depósito de $1,000 y problemas de registro en proyectos públicos y privados.

El presidente de la comisión (Representative, commission president) abrió la sesión señalando que la vista se convocó “con el motivo de tener más claridad en el proceso de cómo trabaja la autoridad de acueducto y alcantarillado en Puerto Rico, en cuanto a instalación de agua, alcantarillado, y otras cosas que nos puedan interesar”.

La directora de Servicio al Cliente, Edna Borges Rivera, dijo que desde 2022 la AAA asumió la responsabilidad total de las instalaciones que antes podía ejecutar el cliente —trámites, permisos y obra— y que esa modificación al procedimiento elevó los costos para la agencia y para los usuarios. "Actualmente se está haciendo una revisión del reglamento 8901 para poder evaluar esto", dijo Borges Rivera, y añadió que la agencia propone enmiendas para limitar el cobro inicial al estudio de factibilidad cuando corresponda.

El ingeniero Bruce León, director regional Sur de la AAA, detalló estimados de costos internos: en su conteo promediado la autoridad incurre en alrededor de $3,500 por acometida potable y $4,500 por acometida de alcantarillado, aunque explicó que la cifra varía según la complejidad del trabajo y las exigencias de otras agencias. León señaló que trabajos en carreteras estatales incrementan el costo por requisitos de compactación y por el trámite con el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), que incluye cotización y endoso y puede demorar entre cuatro y cinco semanas por ese solo trámite.

Sobre plazos, el asesor técnico Cristian Maldonado explicó el flujo: tras recibir la solicitud y el depósito inicial, la AAA realiza un estudio de factibilidad; si procede, la agencia notifica al cliente para que efectúe el pago final y entonces comienza el trámite de permisos y la programación de obra. Maldonado dijo que, fuera de complicaciones con carreteras estatales, el plazo típico es de un mes para carreteras municipales y alrededor de dos meses cuando interviene DTOP.

Los legisladores plantearon preguntas por casos concretos. Un representante leyó cifras del informe de la agencia y la directora de Servicio al Cliente respondió que, por ejemplo, Arroyo figuraba con 28 (registro que en la vista se aclaró como aprobados), Guayama con 32, Salinas con 52 y Santa Isabel con 19, y que las denegaciones suelen deberse a razones técnicas: falta de infraestructura, restricciones por acuíferos o insuficiente pendiente para conectar desagües al sistema de alcantarillado.

Varios congresistas expresaron preocupación por situaciones en las que las viviendas tienen la “caja” de acometida instalada pero carecen del medidor o del registro en los sistemas de la autoridad. El presidente y la representante Yoito Colón dijeron que visitaron la comunidad Los Barros en Guayama, donde, según la exposición, hay 27 familias con cajas instaladas pero sin medidores ni registro en los récords de la AAA. El ingeniero León respondió que cuando los proyectos públicos o privados se aprueban por la oficina de Proyectos (PPP) la documentación debería llegar a operaciones y, en teoría, quedar registrada; cuando eso no ocurre, la región debe verificar y coordinar la incorporación del proyecto a servicio al cliente.

En cuanto a la documentación requerida para dar servicio, Edna Borges Rivera explicó que la AAA exige titularidad o documentación que acredite la autorización del habitante (por ejemplo, declaración jurada o fidávit de herederos) y que la agencia heurísticamente trata casos particulares con flexibilidad, pero que las reglas buscan proteger a clientes y a la autoridad frente a reclamos posteriores.

Sobre facturación, Borges Rivera dijo que la mayoría de lecturas recientes son menores en promedio debido a lecturas verificadas y estimados en casos puntuales, y reconoció que la agencia enfrenta un número de contadores detenidos o dañados. Informó que existe un plan de cambio de contadores y que la AAA trabaja en un programa de medidores inteligentes que reemplazarán gradualmente los equipos actuales.

Los legisladores solicitaron a la AAA un plan de acción para reducir trabas administrativas, mejorar el registro de proyectos y revisar la política de depósitos y confiscación después de seis meses. La sesión quedó con la comisión “abierta” para seguimiento; la AAA dijo que avanza en la enmienda reglamentaria y coordinará con regiones y proyectos públicos para actualizar los registros.

La vista incluyó intervenciones de técnicos y varios legisladores que reclamaron mayor celeridad y transparencia en los procesos para comunidades históricas afectadas por los requisitos actuales. La comisión anunció que dará seguimiento a la verificación de los proyectos de Guayama y a las propuestas de enmienda al reglamento 8901.