Comisión de la Cámara escucha a regulador, aseguradoras y AFAF sobre proyecto que reduce la contribución especial del 1% a primas de seguro

La Comisión de Banca y Seguros de la Cámara de Representantes celebró vistas sobre el Proyecto de la Cámara 590, que propone reducir gradualmente la contribución especial del 1% sobre las primas de seguro establecida por la Ley 40 del 30 de junio de 2013 y eliminarla al 31 de diciembre de 2027.

La medida, presentada en la sesión de la comisión, fue examinada por la comisionada de seguros designada Suzeth del Valle de Licaros, representantes de la industria y por Luis Roberto Rivera Cruz, director de asuntos intergubernamentales de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AFAF). Los comparecientes expusieron datos de la industria, efectos fiscales y alternativas de enmienda, y pidieron análisis técnico adicionales por parte del Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

La comisionada de seguros designada, Suzeth del Valle de Licaros, explicó el objetivo y alcance del proyecto y citó cifras que, según la Oficina del Comisionado de Seguros, reflejan la estructura y el tamaño del sector: al 31 de diciembre de 2024, el total de primas suscritas alcanzó la cifra informada en la ponencia (reportada en la vista), que la comisionada relacionó con 17.5% del producto interno bruto; el sector genera, según la exposición, alrededor de 12,610 empleos directos y está compuesto por 376 entidades. La funcionaria describió la composición por líneas de negocio que figura en el informe anual: 72% en salud e incapacidad, 16% en propiedad y contingencia y 12% en vida y anualidades, y señaló que la industria reportó un ingreso neto después de contribuciones de 449,000,000 (cantidad informada en la ponencia).

Del Valle dijo que la contribución especial de 1% fue creada en 2013 como parte de medidas fiscales excepcionales y que la ley exceptúa expresamente de ese pago a aseguradores cooperativos, planes con contratos de Medicare Advantage, Medicaid, primas de planes de salud gubernamentales, anualidades y microseguros. Según la comisionada, la Oficina del Comisionado recaudó 40,932,344 por concepto de esa contribución en 2024, monto que se transfiere al fondo general y que el proyecto no sustituye explícitamente si se elimina la contribución.

La Asociación de Compañías de Seguros, representada en la vista por Iraelis Pernas, expresó apoyo a la eliminación gradual. Pernas señaló que la contribución crea un trato diferencial al sector y argumentó que su eliminación podría reducir costos operacionales de las aseguradoras y facilitar primas más competitivas. En la sesión Pernas dijo: “apoyamos el proyecto” y explicó que, aunque la intención es reducir carga, es necesario precisar la redacción del proyecto para evitar confusiones en las fechas de vigencia.

Luis Roberto Rivera Cruz, de AFAF, pidió que la propuesta se analice en el marco del plan fiscal certificado y que vaya acompañada de un análisis de impacto fiscal. Rivera Cruz dijo: “toda medida tiene que estar acompañada de un análisis de impacto fiscal” y recomendó incluir la discusión del proyecto en el paquete de reforma contributiva en curso, para mantener la neutralidad fiscal y asegurar fuentes compensatorias si afectan recaudos.

Varios comparecientes y legisladores plantearon una alternativa técnica: convertir la eliminación automática en un mecanismo condicionado por desempeño —un esquema tipo “pay for performance” o basado en métricas operativas— que conceda la exención total (100%) o parcial (50%) a aseguradoras que cumplan umbrales de eficiencia en manejo de reclamaciones, satisfacción del consumidor, cumplimiento regulatorio y hallazgos de auditorías de mercado. La comisionada y representantes de la industria manifestaron que la idea podría ser viable pero requeriría reglamentación y recursos adicionales para la fiscalización.

En la discusión técnica los ponentes advirtieron limitaciones operativas: la Oficina del Comisionado de Seguros no cuenta actualmente con la capacidad —personal ni recursos suficientes— para auditar anualmente a todas las aseguradoras con el grado de detalle que exigiría un sistema de incentivos condicionado. Se sugirió que, de adoptarse ese mecanismo, parte de los recursos recaudados actualmente pudiera destinarse a financiar la fiscalización. También se insistió en recabar informes de Hacienda y de la OGP para precisar el impacto que la medida tendría sobre el presupuesto y las certificaciones de la Junta de Supervisión Fiscal.

Legisladores participantes, entre ellos la vicepresidenta de la Cámara Yachira Lebrón y las representantes presentes que formulaban preguntas, solicitaron datos sobre cuánto de ese 1% se traslada al consumidor y cuánto podría reducirse la prima para un asegurado típico; los comparecientes respondieron que no hay datos precisos en la vista para cuantificar ese efecto y que sería especulativo determinar un monto promedio sin estudios adicionales.

La audiencia no registró votación ni decisión final sobre el proyecto; la comisión dejó en claro la necesidad de recibir análisis fiscales y técnicos antes de avanzar con enmiendas y con cualquier aprobación. También se recomendó considerar la medida dentro del paquete de reforma contributiva en elaboración por Hacienda y la gobernación.

En síntesis, la vista expuso apoyo sectorial a la reducción o eliminación del 1% sobre primas, pero los expertos y agencias técnicas reclamaron un análisis de recaudos y un diseño operativo (reglamento y recursos) en caso de optar por un modelo condicionado por desempeño.

El proyecto quedó en trámite con solicitudes formales de informes al Departamento de Hacienda, a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa para precisar el impacto fiscal y las fuentes compensatorias si procede la reducción o eliminación de la contribución especial.