Comisión escucha ponencia que respalda proyecto para extender jurisdicción de la policía municipal a instalaciones de transporte

La Comisión de Asuntos Municipales celebró una vista pública sobre el Proyecto de la Cámara 371 el 7 de mayo; la Federación de Alcaldes de Puerto Rico respaldó la medida y pidió que los fondos que ahora pagan seguridad privada puedan redirigirse a los municipios para que la policía municipal brinde vigilancia en instalaciones y zonas de influencia del transporte colectivo.

La ponencia la presentó Ángel Morales, director ejecutivo de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, quien dijo que “la Federación de Alcaldes de Puerto Rico endosa el Proyecto de la Cámara 371” y describió que la iniciativa añadiría un nuevo inciso Q al artículo 3.025 y nuevos incisos (259, 260 y 283) y renumeraría subsecuentes del artículo 8.001 de la Ley 107-2020, conocida como Código Municipal de Puerto Rico, para extender la jurisdicción de la policía municipal al interior de facilidades de transportación colectiva y vial dentro de los límites territoriales.

El presidente de la comisión, Junior Pérez, explicó que la medida sería opcional para cada municipio y sostuvo que, según la exposición escuchada, “la medida no lleva un impacto fiscal, porque de los fondos que están utilizando para pagar la policía privada es que se van a facultar municipios que van a brindar el servicio”. Pérez pidió además que la federación confirme contactos con alcaldes de municipios que cuentan con facilidades de transporte (San Juan, Bayamón, Cataño, Fajardo, Ponce, Vieques, Ceiba, Culebra y Aguadilla fueron mencionados durante la vista).

Durante el intercambio los legisladores consultaron sobre capacidad operativa y recursos. La representante Nelly Lebrón Robles preguntó cómo se manejarían discrepancias salariales entre guardias privados y policías municipales y si la reasignación de fondos alcanzaría para cubrir salarios y entrenamiento; Morales respondió que los municipios “tienen una estructura de seguridad” y que, en su opinión, redirigir la partida destinada hoy a seguridad privada podría incentivar y fortalecer el servicio municipal, aunque admitió que no se han estimado costos concretos.

Se planteó la necesidad de acuerdos colaborativos entre la Autoridad de Transporte Integrado (ATI) y los municipios para evitar duplicidad o vacíos de jurisdicción. Morales y varios legisladores señalaron que ya existen planes de coordinación para eventos y emergencias y que la medida facultaría formalmente esa colaboración: “La autoridad de transporte integrado, sus entidades sucesoras o cualquier otra entidad de gobierno podrán establecer acuerdos con los municipios para estos fines”, resumió Morales.

También se abordó la capacidad de algunos municipios, en particular municipios pequeños o insulares. Morales dijo haber hablado con alcaldes de Vieques y Ceiba, y reconoció que en localidades con pocos policías municipales la implementación podría requerir procesos adicionales o acuerdos híbridos. Se mencionó que los municipios suelen reclutar personal de seguridad privada con memoria histórica local, y que la medida podría facilitar la transición de esos efectivos al servicio municipal.

No se registró voto ni decisión final en la sesión; la vista concluyó con la comisión finalizando labores a las 10:45 y con la indicación de seguir recabando opiniones municipales pendientes (San Juan y Bayamón fueron citados como contactos que faltaban confirmar por la federación).