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Audiencia en la Cámara señala deficiencias del CDT de Santa Isabel y libera ruta para desembolso de subvención pendiente
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Summary
Una vista pública de la Cámara centrada en la investigación de la Resolución de la Cámara 136 expuso deficiencias operativas y administrativas en el CDT (Santa Isabel Medical Center), aclaró montos presupuestarios y fijó plazos para que municipio, operador y agencias entreguen documentación necesaria para el desembolso de fondos.
Melvin Rivera Rodríguez, alcalde de Santa Isabel, pidió apoyo legislativo y recursos adicionales tras describir problemas operativos y financieros en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Santa Isabel y tras señalar discrepancias en facturación y en el manejo documental que heredó de la administración anterior.
Durante una vista pública de la Comisión de la Región Sur de la Cámara de Representantes realizada el 27 de marzo de 2025, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y el Departamento de Salud explicaron el marco presupuestario para las subvenciones a CDTs y la ruta administrativa para autorizar desembolsos. Ada Suseth Suárez Pacheco, directora del área de asesoramiento legal de la OGP, informó que existen asignaciones bajo el fondo 141 destinadas a sufragar operaciones de salas de emergencia y que, en custodia de la OGP, hay una partida de 4,430,000 dólares disponible para subsidios adicionales a CDTs, pero su liberación requiere solicitud formal del Departamento de Salud y el proceso de autorización correspondiente.
La ponencia del Departamento de Salud, leída por Elisa Muñoz López (asesora), detalló que el departamento cuenta con 6,400,000 dólares para distribuir entre dieciséis municipios en concepto de subvenciones recurrentes y que, para el año fiscal 2024-2025, al municipio de Santa Isabel se le asignó una subvención recurrente de 100,000 dólares que —según el departamento— no había sido obligada formalmente hasta que, según el alcalde, el municipio firmó el contrato el miércoles previo a la vista. El documento del departamento incluye historial de asignaciones: 100,000 recurrentes en años previos y asignaciones especiales (por ejemplo, ampliaciones en ejercicios anteriores que sumaron hasta 500,000 dólares tras enmiendas financiadas con fondos ARPA).
El alcalde Melvin Rivera Rodríguez señaló fallas detectadas en la operación del CDT desde que asumió el cargo el 13 de enero de 2025: periodos en que radiología y laboratorio no operaron 24/7 pese a estar contratados así, falta de reactivos y medicamentos, equipos fuera de servicio, cambio de número telefónico sin aviso y una licencia provisional que expiró el 29 de noviembre de 2024 y fue renovada provisionalmente en enero de 2025 luego de señalamientos de la Secretaría Auxiliar para la Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud (SARAF). Rivera dijo que la administración anterior no había firmado la subvención anual, lo que puso en riesgo la continuidad operacional.
Olvi Ramos, representante de New Medical Quality Service —operador del CDT desde julio de 2021— describió inversiones y trabajos que la compañía asumió para mantener servicios: adquisición de equipos, implementación de récord médico electrónico y cobertura temporal de pagos y mantenimiento cuando fue necesario. New Medical informó que la nómina mensual estimada ronda 120,000–140,000 dólares y que la subvención recurrente de 100,000 dólares anual resulta insuficiente para sostener operación plena. El operador declaró además que ha pagado inversiones iniciales (citó más de 100,000 dólares) y que los incrementos salariales y de insumos desde 2021 han elevado costos operacionales.
En cuanto a inspecciones regulatorias, el Departamento de Salud consignó la existencia de un informe de SARAF del 28 de septiembre de 2023 con múltiples señalamientos graves (aproximadamente 66 páginas) que incluyen deficiencias en planta física, ausencia de sistema de alarma contra incendio, simulacros y limpieza de cisterna, documentación clínica incompleta y fallas en vigilancia de competencias del personal.
Sobre facturación y cobros, el alcalde y el operador informaron que las cifras de pacientes reportadas en la transición (promedio mensual alrededor de 1,300–1,600) no se reflejaban en la facturación que el municipio registraba. El municipio contrató un nuevo facturador y reportó aumentos en ingresos, incluyendo un mes con facturación superior a 100,000 dólares y pagos parciales al operador (mencionaron un pago parcial de 110,000 dólares). New Medical y el municipio reportaron retrasos puntuales en el pago de nóminas; el alcalde indicó adeudo municipal de 66,000 dólares correspondiente a enero y explicó gestiones para cubrir pagos pendientes.
La Comisión exigió documentación y coordinación: el Departamento de Salud solicitó que el municipio y el operador remitan el informe estadístico sobre población atendida, facturación detallada, desglose de gastos operacionales mensuales, historial de asignaciones y contratos previos (incluido el contrato 2024-DS-1793 citado en el memorial). OGP reiteró que la autorización de desembolso de la partida custodial de 4,430,000 dólares procede mediante solicitud formal del Departamento de Salud; el representante de OGP indicó que la fecha límite para solicitar autorización adicional en el cierre del año fiscal es el 18 de abril.
La Comisión estableció plazos y pasos de seguimiento: solicitó a las partes (municipio, operador y Departamento de Salud) que entreguen la documentación requerida en un plazo breve (la Comisión fijó diez días laborables para remitir información solicitada) y anunció que consolidará un informe con hallazgos y recomendaciones. Los expositores manifestaron disposición a colaborar; el alcalde dijo que evaluaba opciones —incluida la posibilidad de que el municipio asuma administración total del CDT o que se abra competencia pública para seleccionar un nuevo operador— y que solicitará apoyo legislativo para ampliar la subvención (el alcalde solicitó, en su intervención, aumentar la subvención de 100,000 dólares anuales a 100,000 dólares mensuales, por un total propuesto de 1.2 millones anuales).
Por ahora, no hubo votación ni decisión final en la vista; la acción acordada fue recabar información y, conforme a los datos, gestionar el desembolso y las solicitudes ante la OGP y otras instancias competentes. La vista concluyó con el compromiso de la Comisión de producir un informe que recoja hallazgos, documentación y recomendaciones para la continuidad del servicio en el CDT de Santa Isabel.

