Comisión de Recreación escucha a agencias y federaciones sobre dos proyectos para registrar instalaciones deportivas accesibles

La Comisión de Recreación y Deporte de la Cámara de Representantes celebró el martes una vista pública sobre dos proyectos legislativos destinados a identificar y certificar instalaciones deportivas y recreativas accesibles para personas con impedimento (Proyecto de la Cámara 181 y Proyecto de la Cámara 238). Representantes de la Defensoría de las Personas con Impedimento (DPI), del Departamento de Recreación y Deporte (DRD) y dirigentes de federaciones paralímpicas expusieron el estado actual, costos estimados y retos para implementar un registro y campañas de divulgación.

Los proyectos buscan, respectivamente, crear un registro especial por municipio de parques e instalaciones "libres de barrera" y establecer requisitos para que gimnasios al aire libre financiados con fondos públicos garanticen igualdad de acceso. El autor del Proyecto 181, representante Ramón Torres Cruz, estuvo presente y la discusión contó con exposiciones técnicas de la DPI y del DRD y con testimonios de organizaciones paralímpicas y federaciones deportivas.

Por qué importa: los ponentes coincidieron en que un inventario público facilitaría que personas con diversidad funcional localicen espacios accesibles y que la certificación puede impulsar inclusión y turismo deportivo. Sin embargo, tanto la DPI como el DRD advirtieron que la creación, puesta al día y divulgación de ese registro conlleva costos que los proyectos no especifican y que las agencias no pueden cubrir con fondos no identificados.

En la ponencia de la Defensoría, el defensor interino Juan José Troche Villeneuve dijo que la agencia "apoya legislación como la presente" pero advirtió que no cuenta con fondos no comprometidos para financiar la campaña pública que los proyectos ordenan. Troche y el equipo de la DPI llamaron la atención sobre cambios presupuestarios recientes y la necesidad de identificar partidas (OGP, Departamento de Hacienda y la Junta de Control Fiscal fueron mencionados como actores con autoridad presupuestaria). La DPI recomendó enmendar los proyectos para asignar fuentes de financiamiento o permitir un plan escalonado acorde a los fondos disponibles.

El DRD, representado por el licenciado José Miguel Pérez y el profesor Ángel Arroyo (director del programa de deporte adaptado), expresó apoyo de principio a las iniciativas pero describió limitaciones operativas. Arroyo señaló que "el costo de cada máquina fluctúa entre mil trescientos a mil quinientos dólares" y dio un ejemplo: un gimnasio al aire libre con seis máquinas costaría aproximadamente 8,400 dólares. Sobre la base de datos o la aplicación requerida por el registro, técnicos del DRD y personal de informática indicaron rangos de costo distintos: una plataforma institucional completa se estimó en torno a 1 millón de dólares; una aplicación específica entre 600,000 y 800,000 dólares; y que una base de datos especializada pudiera costar entre 250,000 y 500,000 dólares dependiendo del alcance.

Las federaciones y el comité paralímpico aportaron ejemplos prácticos y demandas de la comunidad. La presidenta de la Federación de Baloncesto en Silla de Ruedas, Dilca Benítez, señaló que muchas municipalidades y recintos no cumplen con elementos básicos de accesibilidad y explicó que su federación hizo un sondeo telefónico a municipios sobre gimnasios, balnearios y equipos accesibles. Raiza Rondón Avilés, de la Federación Puertorriqueña de Deporte Ciego, mencionó la necesidad de señalización en braille y de que los itinerarios y accesos permitan el uso seguro por atletas ciegos.

La DPI dijo atender entre 3,000 y 4,000 casos anuales de atención directa y estimó un alcance mayor en actividades de divulgación; además informó que atraviesa un proceso de reestructuración y que actualmente cuenta con plantilla reducida respecto a la autorizada (la ponencia cita una plantilla autorizada cercana a 97–98 plazas y alrededor de 30 empleados activos). El DRD informó que mantiene centros y programas de deportes adaptados (mencionó alrededor de 40 centros de formación) pero reconoció que el registro histórico de instalaciones está incompleto y que la identificación patrimonial (si la instalación pertenece al municipio, al DRD u otra entidad) requiere trabajo con registro de la propiedad y puede tardar entre 12 y 24 meses.

Direcciones y peticiones: la comisión pidió información adicional y otorgó plazos para recibir datos. En varias intervenciones se autorizó a la DPI y al DRD a presentar estadísticas, inventarios y planes operacionales; la secretaría de la comisión fijó plazos para entrega de la información solicitada (30 días para reportes e inventarios mencionados en la vista pública). Además, legisladores y ponentes recomendaron explorar alianzas público-privadas y encargar a la agencia de tecnología gubernamental (Prix / Puerto Rico Innovation and Technology) la implementación tecnológica del registro.

Costos y fuentes: tanto DPI como DRD reiteraron que la medida, tal como está redactada, ordena tareas (registro, certificación, campaña de divulgación) sin acompañar partidas. La DPI instó a que la Asamblea identifique partidas presupuestarias o autorice un plan escalonado; el DRD señaló que la asignación de fondos para gastos patrimoniales y de informática requiere tramitación ante la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Junta de Control Fiscal.

Lo no decidido: no hubo votación ni adopción de enmiendas en la vista. La discusión se concentró en alcance operativo, asignación de costos y metodología (cómo estructurar el inventario por municipios, criterios de certificación y quién lidera la implementación). Las agencias y organizaciones ofrecieron colaborar en diseño, pruebas piloto y divulgación.

Citas clave: - Juan José Troche Villeneuve, defensor interino de la Defensoría de las Personas con Impedimento: "apoyamos legislación como la presente" pero "no contamos con los fondos que puedan ser utilizados para dicha campaña". - Profesor Ángel Arroyo, director de deporte adaptado (DRD): "el costo de cada máquina fluctúa entre mil trescientos a mil quinientos dólares"; en referencia a sistemas informáticos, personal técnico del DRD señaló estimados "entre seiscientos a ochocientos mil dólares" para una aplicación y alrededor de un millón para un sistema mayor. - Dilca Benítez, presidenta de la Federación de Baloncesto en Silla de Ruedas: "no tenemos una data de cuántas personas con diversidad funcional existen realmente en Puerto" y expuso barreras prácticas en estacionamientos, rampas y baños.

Siguientes pasos y contexto: la comisión solicitó a DPI y DRD entregas documentadas (inventarios, métricas de atención, estimados de coste y plan de trabajo) dentro de los plazos fijados por la presidencia. Varios ponentes propusieron incorporar modelos ya existentes en la región (ejemplos citados: Colombia, Argentina y otros países con catálogos de turismo accesible) y aprovechar la experiencia del Comité Paralímpico para identificación de atletas y centros de formación. Los ponentes también propusieron incluir representantes de la comunidad en inspecciones y certificaciones.

La discusión continúa en la Comisión de Recreación y Deporte: los proyectos permanecen en análisis a la espera de la información técnica, financiera y patrimonial que las agencias comprometieron remitir a la comisión.