Comisión de la Cámara examina la gestión y solvencia del sistema de retiro de la Universidad de Puerto Rico

La Comisión de los Sistemas de Retiro de la Cámara de Representantes de Puerto Rico celebró una vista pública el 26 de febrero de 2025 para considerar la resolución de la Cámara 116 y recibir la ponencia de la junta de retiro de la Universidad de Puerto Rico sobre la operación y solvencia del sistema de retiro de esa institución.

El ponente principal, Luis Vicentí Santini, presidente de la Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico, presentó un historial amplio del fideicomiso, describió cambios en aportaciones y política de inversiones, y pidió a la comisión herramientas legislativas y de supervisión para proteger la solvencia. Vicentí dijo que el fideicomiso es “un sistema maduro” y detalló ventas de activos, supuestas deficiencias en aportaciones patronales y preocupación por inversiones en private equity. “La palabra más importante de todo esto es prudencia”, afirmó Vicentí durante su exposición.

La presentación incluyó datos concretos que la junta aportó a la comisión: una venta de activos por 38.5 millones de dólares en diciembre de 2016; deficiencias en aportaciones patronales de aproximadamente 10.1 millones en un año y 30 millones en otro (lo que la junta resume como una deficiencia acumulada de alrededor de 48 millones en un período reciente); y una reclamación por cobros y daños que la junta cifra en 107.7 millones de dólares por diferencias de aportaciones desde 2014 hasta el cierre del periodo que se analiza. Vicentí también dijo que el plan ha mostrado mejoría en el índice de cobertura desde 2020 (43.90%) a un 51.20% auditado y que estima que actualmente estaría “cerca de 54%” y podría superar 60% hacia 2030 si continúan ciertas condiciones de aportaciones y retorno de inversión.

La junta describió además dos problemas que, según sus representantes, han presionado al fondo: (1) ventas forzadas de ganancias de inversión para cubrir liquidez cuando la Universidad no remite las aportaciones patronales requeridas por el actuario, y (2) inversiones en vehículos de capital privado (secitó el Fondo Guayacán como ejemplo) que, por su estructura de “llamados de capital” a largo plazo, no reportan la transparencia habitual ni retornos consistentes en plazos cortos. Vicentí advirtió sobre la práctica de usar fondos del fideicomiso para cubrir necesidades de liquidez de la Universidad y criticó decisiones pasadas de la junta de gobierno de la UPR que, según él, incumplieron deberes de fiducia.

En materia legal y procesal, la abogada Mónica Camuy, quien representa a la junta en pleitos pendientes, dijo que uno de los casos contra la junta de gobierno y otros responsables está en la fase de descubrimiento de prueba y describió la controvertida situación de empleados nuevos contratados desde agosto de 2023 que fueron inscritos en un plan 401(k) administrado por proveedores externos (identificados en la vista como la empresa que administra el 401(k) y Banco Popular). Camuy dijo textualmente: “Ese caso de interdicto permanente está en los procesos del descubrimiento de prueba.”

Varios representantes preguntaron y plantearon propuestas: Reinaldo Figueroa Acevedo y Denis Márquez Lebrón destacaron el envejecimiento de la plantilla y la salida de jóvenes profesionales; se discutió la posibilidad de exigir por ley que las aportaciones patronales se remitan directamente al fideicomiso —un mecanismo que ya se ha usado en casos municipales— y de tipificar penalmente la negativa deliberada de funcionarios a remitir aportaciones. La presidenta de la comisión (identificada en actas como la Presidenta de la Comisión) dijo que la carpeta de documentación presentada por la junta estará disponible para los legisladores y que la comisión continuará el diálogo.

La junta también señaló que el asesor de inversiones es Calan and Associates y que el asesor actuarial es José Fernández; la directora ejecutiva del sistema fue identificada en la vista como Laura Santa Sánchez. Vicentí resaltó que la administración del fideicomiso mantiene, según él, costos administrativos bajos (por debajo del 1% del fondo) y atribuyó gran parte de las mejoras de retorno a cambios en la gestión de la cartera desde 2017.

La discusión tocó asimismo la relación del caso con la Junta de Supervisión Fiscal (PROMESA). Vicentí y legisladores mencionaron decisiones de la JCF y la jurisprudencia federal relacionada (se mencionó la jueza Swain y la advertencia de que los planes fiscales no tienen fuerza de ley) como factores que han limitado o condicionado decisiones presupuestarias de la Universidad.

La vista no incluyó votación ni adopción de medidas; se trató de una audiencia informativa que la comisión abrió para documentar antecedentes, recabar pruebas y considerar acciones legislativas o de seguimiento. La abogada de la junta y los representantes anunciaron que varios pleitos civiles relacionados con aportaciones y derechos de los empleados permanecen abiertos y en fase de descubrimiento.