Comisión de Retiro evalúa proyecto que permitiría a policías y bomberos optar por extender servicio hasta los 66 años

La Comisión de Asuntos del Retiro celebró una vista pública para examinar el Proyecto de la Cámara 600, del representante Pedro Julio Santiago Pellés, que propone autorizar a miembros de la Policía de Puerto Rico y del Cuerpo de Bomberos que cumplan 58 años de edad y 30 años de servicio a optar voluntariamente por extender su servicio activo hasta un máximo de 66 años, siempre que presenten un aviso de intención no más tarde de 90 días antes de la fecha de retiro y cumplan evaluaciones médicas y de desempeño.

El proyecto, leído en la audiencia como enmienda al artículo 2-104 de la Ley Núm. 447 del 15 de mayo de 1951 (conocida como el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno), busca “retención de personal experimentado”, esquemas de retiro escalonado y garantías de aptitud física y de desempeño, según expusieron los comparecientes.

Enrique Guzmán Matos, director de la oficina de agencia fiscal de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AFAF), dijo que la AFAF “reconoce que el análisis de los fundamentos que sustentan esta medida responden a un propósito legítimo y loable”, pero advirtió que el proyecto fue presentado sin un estimado de impacto fiscal preparado por la oficina responsable. Guzmán Matos recordó los requisitos del plan de ajuste y de la Ley (mencionada por los comparecientes como Ley 1-2023) que exigen análisis de impacto fiscal previos a la aprobación para demostrar neutralidad fiscal frente al plan certificado bajo PROMESA.

Arnaldo Ortiz, director de la Junta de Retiro, señaló una imprecisión técnica en el texto que se propone enmendar y pidió que la redacción legislativa sea clara sobre el artículo exacto a modificar. Ortiz también recomendó que la normativa incluya guías para la implementación y que se evalúe la inclusión de empleados municipales de “alto riesgo” si la intención es abarcar a todos los puestos con la misma exposición laboral.

El autor, representante Pedro Julio Santiago Pellés, defendió la iniciativa como una herramienta para mitigar la pérdida acelerada de personal experimentado y para permitir, de forma voluntaria y tras evaluaciones, que miembros con experiencia sigan aportando. Pellés subrayó además que la modificación no altera cómputos de pensión ya congelados por la Ley Núm. 3 de 2013 y que la medida facilitaría que miembros que comenzaron a cotizar al Seguro Social en 2020 completen los créditos necesarios.

Durante la vista la AFAF y la Junta de Retiro pidieron insumos operacionales de la Policía y de Bomberos y un análisis presupuestario previo a la aprobación. Los comparecientes recordaron la obligación de presentar ante la Junta de Supervisión Fiscal la certificación de impacto en el término que dispone la ley aplicable bajo PROMESA (se citó la sección 204a del plan de ajuste y otras secciones relacionadas). La comisión acordó solicitar a la Oficina de Presupuesto/OPA (u oficina análoga) un informe del impacto fiscal, así como que la Policía y Bomberos informen cuántos empleados se beneficiarían y que la Junta de Retiro estime el número de miembros que podrían calificar para la extensión.

En la audiencia se plantearon riesgos operacionales y sanitarios: se recomendó que las solicitudes se sometan a evaluaciones médicas y psicológicas, y que existan mecanismos administrativos para reasignar a quienes no puedan realizar tareas de campo hacia funciones administrativas, educativas o de mentoría. También se discutió la conveniencia de definir plazos de aviso (se mencionó 90 días en la redacción) y de políticas públicas de transición para minimizar impacto en la operación y en la movilidad interna del personal.

No se registró votación ni adopción de acciones de orden legislativo durante la vista; la sesión concluyó con la comisión pendiente de recibir el análisis de impacto fiscal, y de los informes de la Policía y de Bomberos para completar su evaluación y preparar un informe con recomendaciones.

Próximos pasos: la Comisión solicitó a la Junta de Retiro que estime cuántos miembros de Policía y Bomberos podrían calificar para la extensión voluntaria durante los próximos cuatro años; requirió asimismo el informe de impacto fiscal que exige la normativa aplicable bajo PROMESA y la certificación que corresponda antes de remitir la medida para consideración final.