Ponencias mayoritarias piden rechazar el proyecto del Senado 63 que cambia la ley de transparencia; Justicia y OIG piden ajustes técnicos

La Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes celebró una vista pública el 12 de noviembre sobre el Proyecto del Senado 63, una propuesta para enmendar la Ley 141 (2019) de transparencia y acceso a la información pública. Decenas de organizaciones —entre ellas el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPRO), el Oversis Press Club, Furia Inc., la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico y la ACLU Puerto Rico—comparecieron y expresaron oposición mayoritaria.

Los gremios y las organizaciones comunitarias plantearon tres objeciones recurrentes: que el proyecto duplica y prolonga los plazos de respuesta (de 10 a 20 días laborables, con prórrogas que podrían llevar el trámite a alrededor de dos meses y medio en la práctica); que impone nuevos requisitos procesales —notificar a jefes de agencia, exigir direcciones postales o correos electrónicos y permitir inspección física como alternativa obligatoria— que, según los peticionarios, crean barreras para personas sin recursos o sin acceso digital; y que autorizaría a las agencias a declarar información como “confidencial” por reglamento, lo que, sostienen, abre la puerta a clasificaciones administrativas que solo un trámite legislativo o judicial debería permitir.

Nidia Bauzá, presidenta de ASPRO, resumió la inquietud del sector: “Un término de 40 días es irrazonable y no funciona para cumplir con las necesidades de la prensa”, y añadió que la norma propuesta podría convertir solicitudes sencillas en procesos costosos e ineficaces. Wilma Maldonado, del Oversis Press Club, ejemplificó cómo la exigencia de notificaciones y la opción de entrega en papel generarían gastos y demoras innecesarias para madres, líderes comunitarios y reporteros que cubren varios eventos al día.

El Centro de Periodismo Investigativo dijo haber presentado más de 100 solicitudes y más de 50 casos judiciales y denunció que el proyecto fue aprobado en el Senado con enmiendas de última hora sin vistas públicas. Carlos Ramos, del CPI, trajo datos comparativos y señaló que contratos en informática y manejo de datos ascendieron de 273,000,000 en 2017 a 778,000,000 en 2024, para argumentar que el problema no es, en su criterio, la falta de recursos técnicos sino la ausencia de voluntad para facilitar el acceso.

A favor de cambios técnicos y con reservas, la representación institucional incluyó a la Secretaría de Justicia (representada por Elba Cruz), la Oficina de Administración de los Tribunales y la Oficina del Inspector General (OIG). La ponencia del Departamento de Justicia sostuvo que limitar la obligación de crear documentos nuevos y armonizar ciertos conceptos con la doctrina comparada (por ejemplo, la jurisprudencia federal sobre FOIA) reduce cargas administrativas y se ajusta a precedentes jurisprudenciales; el Departamento recomendó, no obstante, aclaraciones técnicas y salvaguardas. La OIG apoyó el proyecto con recomendaciones para reforzar la fundamentación escrita cuando se deniegue información y para incluir referencias a determinaciones judiciales en las excepciones.

Durante la ronda de preguntas, legisladores plantearon inquietudes constitucionales sobre la posible colisión entre la propuesta y la doctrina del Tribunal Supremo de Puerto Rico que reconoce el acceso a la información como corolario de la libertad de expresión. Varios comparecientes advirtieron que, en la práctica, las enmiendas aumentarían litigiosidad y dilatarían procesos urgentes (por ejemplo, investigaciones ambientales o solicitudes necesarias para la protección de la salud pública). En respuesta, la Secretaría de Justicia indicó que la validez constitucional y la aplicación concreta de las nuevas reglas corresponderá al análisis judicial caso por caso si la ley llegara a aprobarse.

No hubo votación ni decisión final; el presidente de la comisión reiteró que todas las ponencias presentadas por escrito pasarán al expediente y que la comisión continuará con el análisis antes de emitir informe. Entre los datos citados en la sesión: el régimen propuesto fija multas administrativas hasta 100 dólares diarios con tope de 18,000 dólares; la OIG reportó 23 solicitudes recibidas desde 2019; y varios ponentes pidieron que, si se discute un cambio legal, se tome como punto de partida proyectos previos con amplio proceso participativo (por ejemplo, el P. de la C. 1303).

Qué sigue: la comisión anunció que considerará las ponencias escritas que llegaron por correo electrónico, evaluará recomendaciones de enmienda y decidirá si la medida avanza con informe favorable, informe negativo o si se pospone para más vistas públicas. Los grupos que comparecieron pidieron explícitamente más tiempo y participación para evitar que una norma que rige el acceso a la información pública se modifique sin un proceso amplio y documentado.