Senado evalúa a Alejandro Salgado Colón como administrador de Vivienda Pública; designado defiende programas y anuncia adquisiciones

Alejandro Salgado Colón, designado por el gobernador Pedro Pierluisi para dirigir la Administración de Vivienda Pública (AVP), se presentó el 10 de junio ante la Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico para exponer su formación, logros y planes operativos y responder preguntas de los legisladores.

Salgado Colón dijo que posee un bachillerato en administración de empresas (con concentración en finanzas) y un J.D. de la Universidad Interamericana, y repasó experiencia en la Cámara de Representantes de Estados Unidos y en agencias federales y locales. Señaló que la AVP cuenta con 418 empleados y administra 53,673 unidades en 333 residenciales distribuidos en once áreas de la isla. “La administración de vivienda pública administra cincuenta y tres mil seiscientas setenta y tres unidades de vivienda”, afirmó durante la ponencia.

El designado desglosó cifras y programas: el programa Sección Ocho tiene 12,976 vales activos que aumentarán a 13,172 con 218 vales adicionales efectivos el 1 de julio; la lista de espera en Sección Ocho es de 7,556 solicitantes y la de vivienda pública de 14,210. El presupuesto anual de la AVP asciende a $562.1 millones, de los cuales 99.5% provienen de fondos federales, y la agencia destina alrededor de $36 millones a programas comunales y servicios a residentes.

Salgado Colón resaltó acciones recientes: 27 eventos de vacunación masiva (“Vacutours”) que administraron 4,746 primeras dosis y 3,976 segundas, la adquisición de la ejida Estancias Doradas en Ponce por $6.1 millones (94 unidades para adultos mayores) y trabajos de modernización programados para 2022–2025, con una proyección de 2,326 unidades y una inversión estimada de $302 millones.

Sobre la transición del servicio eléctrico a la empresa privada Luma Energy, senadores expresaron preocupación por la posibilidad de desalojos por falta de pago. Salgado Colón respondió que “la tarifa fija o subsidio aprobado bajo la Ley 22 del 2016 en nada se vería afectada por una transición de energía eléctrica a la compañía Luma Energy” y anunció reuniones con personal de Luma y líderes comunitarios para orientar residentes, incluida una reunión en Residencial Manuela Pérez.

El administrador designado explicó iniciativas operativas y sociales: un programa de incentivo al arrendador de $500 a $1,500 por unidad para aumentar la oferta en Sección Ocho (recepción de solicitudes a partir del 15 de junio), el programa “Ama de Llaves” que atiende a personas mayores y la expansión de centros educativos tecnológicos y acceso a Internet en áreas comunales de los residenciales.

En materia de emergencias, Salgado Colón informó que la AVP ha inspeccionado y certificado 346 instalaciones para refugios con capacidad para 38,696 personas con distanciamiento; la agencia distribuyó 26,000 catres y mantiene un respaldo de 6,000 catres. Sobre daños por terremotos, sostuvo que el residencial Luis Muñoz Rivera (Guánica) fue desalojado por riesgo estructural y que las reparaciones ya comenzaron, con alternativas de realojo y vales de protección temporal.

Preguntas de los legisladores incluyeron solicitudes de información detallada (contratos de inspección, desglose de empleados trasladados desde Luma/otras agencias, listado de refugios certificados por municipio, criterios y montos disponibles para adquisiciones). La Comisión autorizó varias peticiones de información con plazos de entrega (tres y cinco días laborables) y el designado se comprometió a aportar los datos solicitados.

Salgado Colón informó además que la agencia inició una investigación por el presunto uso de unidades de vivienda pública en plataformas de alquiler digitales; identificó un posible caso en Mayagüez y dijo que ya se ha comenzado el proceso de cancelación de contrato respetando el debido proceso.

La vista concluyó sin votación formal sobre la confirmación; la presidenta en funciones agradeció la ponencia y la Comisión cerró sus trabajos a las 12:33 p.m. Los senadores dejaron solicitudes de seguimiento y documentos por entregar en los plazos autorizados.