Senado analiza proyecto para incluir a empleados excluidos de la Ley 80 y corregir el inciso 4B

La Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal del Senado de Puerto Rico celebró el 17 de mayo de 2021 una vista pública en el salón Luis Negrón López para atender el Proyecto del Senado 164, que propone enmendar varios artículos de la Ley 80 (2020) y eliminar la exclusión contenida en el inciso 4B.

Minerva Rosario Rodríguez, representante del Departamento de Hacienda, dijo que muchos empleados con 28–30 o más años de servicio fueron excluidos por la interpretación del inciso 4B y solicitó que la enmienda "incluya a los empleados del departamento de hacienda" para que puedan "gozar de un retiro digno". El presidente de la comisión otorgó 10 días laborables para que las agencias remitan la información solicitada sobre cuántos empleados podrían cualificar.

El senador Gregorio Matías, que presentó análisis y una resolución relacionada, advirtió discrepancias en las cifras y en la metodología que usaron la Junta de Supervisión Fiscal y otras oficinas. "El proyecto como tal da participación a unos diez mil, para ser más claro, diez mil quinientos cincuenta y tres empleados", dijo Matías, y añadió que de ese universo inicialmente "se podía dar paso aproximadamente a mil novecientos ochenta y nueve empleados"; también citó que la Junta presentó economías por "veintidós punto tres millones de dólares". Matías planteó la necesidad de reconciliar esos números con los actuariales y la documentación que la Junta ha solicitado.

Empleadas con décadas de servicio ofrecieron testimonios personales durante la vista. María Cruz Rivera, del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, relató su trayectoria desde 1976 y criticó que compañeras con largas carreras hubieran sido denegadas: "Veintinueve años, no es justo", dijo en referencia al caso de una trabajadora que dedicó casi tres décadas al servicio público y no obtuvo permanencia ni beneficios. Milagros Cruz Resach, empleada del municipio de San Juan en un programa de desarrollo infantil, explicó que a empleados municipales se les comunicó que no cualificaban por recibir bonificaciones previstas en la Ley 54 y pidió clarificación sobre el tratamiento de esas bonificaciones en el cálculo del retiro.

Durante el intercambio técnico, senadores y funcionarios explicaron que la evaluación de "ahorro" ante la Junta suele considerar el salario bruto combinado (parte estatal y parte federal), y que ciertas partidas de origen federal no se cuentan como ahorro en la fórmula utilizada por la Junta. Esa diferencia metodológica, indicaron, puede explicar por qué algunos empleados son excluidos pese a haber tenido retenciones para retiro.

No se produjo votación en la sesión. La comisión encargó a las agencias la entrega de datos —incluyendo cantidad de empleados afectados, promedio de edad y años de servicio— en el plazo de 10 días laborables para que la Comisión pueda continuar el estudio técnico del Proyecto del Senado 164. La vista concluyó y los trabajos fueron levantados a las 10:37 a.m.

El debate en la comisión resaltó el choque entre la intención legislativa alegada por los testigos (incluir a los empleados mencionados) y la interpretación administrativa aplicada por agencias y la Junta de Supervisión Fiscal, y dejó abierta la necesidad de conciliar cifras actuariales y criterios contables para determinar el impacto presupuestario del cambio propuesto.