Comisión de Gobierno del Senado exige datos a OGP y ASR para cuantificar impacto de la Ley 80

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico celebró vistas públicas el 6 de abril de 2021 para analizar la implementación de la Ley 80, conocida como Programa de Retiro Incentivado, y para determinar el impacto fiscal y operativo de su aplicación.

En la sesión la licenciada Ruth Vázquez, en representación del secretario del Departamento del Trabajo Carlos J. Rivera Santiago, explicó que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) concentra la información sobre los empleados elegibles y el impacto fiscal asociado al programa, y por ello recomendó que la comisión solicite datos directamente a esa agencia y a la Administración de Sistemas de Retiro (ASR). “La OGP es la que más puede aportar a la investigación que esta comisión realiza”, dijo la ponencia leída por Vázquez.

La ponencia detalló el marco normativo y administrativo usado para implementar la Ley 80: memorandos y seis cartas circulares emitidas entre 2020 y 2021 que fijaron procedimientos, formularios de elección y plazos (incluyendo prórrogas hasta el 5 de marzo de 2021) y la puesta en marcha de una plataforma digital en la OGP para remitir formularios e información de participantes.

El Departamento del Trabajo informó cifras concretas sobre su plantilla y solicitudes: 1,252 puestos ocupados en la agencia; 58 empleados cualificaron para el programa; 32 presentaron solicitud para acogerse al retiro incentivado y la agencia determinó que 21 de esos puestos son esenciales. El análisis preliminar presentado por la agencia estima un ahorro neto, por los 32 solicitantes, de aproximadamente $680,596.19, sin descontar costos asociados a la contratación o a las aportaciones médicas que deben continuar de acuerdo con la ley.

Funcionarios del Departamento del Trabajo y de recursos humanos explicaron además que empleados pagados total o parcialmente con fondos federales fueron excluidos del listado de participantes por restricciones de uso de esos fondos y por las directrices de las cartas circulares. Según la certificación preliminar citada en la vista, ASR había certificado 191 empleados bajo la Ley 447; de esos, 132 cobraban con fondos federales. La administración de sistemas de retiro no certificó participantes bajo la Ley 1, y la agencia estimó por archivos un total aproximado de 402 empleados en Ley 1.

Diputados de la comisión plantearon que la aplicación conjunta de las distintas leyes de retiro podría dejar sin plantilla a cientos de empleados en varias agencias si no se reestructura el personal o se establecen mecanismos de reemplazo y reingeniería. Señalaron, además, que la Junta de Supervisión Fiscal ha pedido cifras certificadas sobre el ahorro esperado y que, hasta ahora, los números oficiales no están claros.

La comisión solicitó por escrito que, en los próximos cinco días laborables, el Departamento del Trabajo y el cuerpo técnico remitieran información adicional sobre empleados con salarios combinados (federal/estatal), comunicaciones previas entre el secretario del Trabajo y la OGP/JSF, y cualquier recomendación o solicitud enviada a la Junta de Supervisión Fiscal relacionada con la Ley 80. La secretaria técnica y la OGP/ASR fueron convocadas a aportar datos en vista subsiguiente.

La vista se levantó a las 11:21 a.m. del mismo día; la comisión indicó que continuará la investigación con la comparecencia pendiente del administrador de los sistemas de retiro y con la documentación que se requirió.