Comisión del Senado investiga irregularidades en concesión de pases extiendos bajo la Ley 25 y apunta a contratista médico

La Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción del Senado de Puerto Rico celebró el 20 de agosto de 2024 una vista pública para revisar la aplicación de la Ley 25 de 1992 y las circunstancias que permitieron la otorgación de pases extendidos a confinados.

El investigador Alexis Rodríguez Rivera, gerente de investigaciones del Departamento de Corrección y Rehabilitación, presentó la ampliación de su pesquisa y describió hallazgos que, según su informe y la auditoría externa citada (UTICORP/Audicorp), incluyen expedientes médicos desorganizados, incongruencias entre diagnósticos y entrevistas, y ausencia de exámenes médicos confirmatorios que respalden una prognosis de vida corta. "En el informe se se especifican... la documentación en los expedientes médicos que ellos evaluaron es había desorganización", dijo Rodríguez Rivera durante su intervención, y confirmó que parte de la información relevante fue remitida al Departamento de Justicia porque podía constituir materia de investigación penal.

El presidente de la vista y varios senadores vincularon esas fallas a consecuencias graves: "Si ellos hubieran seguido lo que establece la ley y los reglamentos correctos, no hubiera pasado esta situación, y la señora Ivette Joan estuviera con vida en este momento", dijo uno de los integrantes de la comisión, al subrayar la relación entre deficiencias administrativas y el desenlace fatal.

El informe recomienda, entre otras medidas, desarrollar una reglamentación específica para pases extendidos por condiciones limitantes, limitar el grado de consanguinidad del recurso familiar y que el Departamento de Corrección desarrolle los formularios y protocolos (en vez de que lo haga un contratista privado). También incluye la recomendación de evaluar la continuidad del contrato con la empresa contratista identificada en el expediente (mencionada en la vista con variantes del nombre: Physition/Physician/Fissition/Fisher/Physishan Correctional) por presuntas faltas en el cumplimiento de las cláusulas contractuales.

Rodríguez Rivera indicó que las entrevistas y la auditoría detectaron que médicos del panel no siempre contaban con exámenes o documentación que confirmaran diagnósticos de pronóstico de vida corta y que hubo discrepancias entre declaraciones: "no contaban con los exámenes médicos que le confirmaran el diagnóstico", dijo al explicar las incongruencias detectadas. Además, el investigador citó notas de hospitales (incluida una anotación que señala que el paciente podía caminar y soportar peso) que contrastan con la determinación de incapacidad grave en otros registros.

La sesión incluyó un debate sobre la disponibilidad pública del informe y el riesgo para el debido proceso de los empleados que enfrentan procesos administrativos: la oficina legal del Departamento de Corrección presentó una carta alegando que divulgar el informe completo podría perjudicar a ocho empleados que habían recibido cartas de intención de destitución. Algunos senadores pidieron publicar una versión con nombres tachados para proteger identidades, mientras otros reclamaron la divulgación íntegra por razones de transparencia y rendición de cuentas.

Durante la vista se exigieron y fijaron plazos para producción de documentos y evidencias citadas en la investigación: el presidente de la comisión otorgó cinco días para la entrega de certificaciones de entrevistas médicas y de los textos citados en testimonios (mensajes que, según los registros, vincularían a personal clínico con conocimiento previo sobre la condición del confinado). El investigador confirmó la existencia de una ampliación numerada como caso 2024-04-00392 DCR y aceptó entregar copias y certificaciones solicitadas.

Varios senadores solicitaron que, además del referido al Departamento de Justicia, los hallazgos sean remitidos a los organismos profesionales con competencia disciplinaria sobre médicos, como el colegio de médicos y la junta de licenciamiento; el investigador indicó que remisiones a Justicia se habían hecho, pero que desconocía si el informe había sido remitido al colegio o a la junta y aceptó que se efectuara tal canalización.

La vista terminó con la comisión ordenando entregas documentales y con la advertencia de nuevas comparecencias: el presidente decretó un receso por una hora para que los senadores revisaran el documento entregado y, a la reanudación, se continuaron las rondas de preguntas. No se registró votación formal durante la sesión; persisten pendientes administrativos y posibles procedimientos penales derivados de la remisión a Justicia.

La comisión dejó constancia de la gravedad de las fallas institucionales y acordó exigir registros, certificaciones y la evaluación del contrato con la empresa contratista como pasos inmediatos tras la vista.