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Senado escucha advertencias fiscales sobre proyecto de retiro mejorado para empleados esenciales
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Summary
Expertos del sistema de retiro y de la agencia fiscal dijeron a la Comisión de Gobierno que el Proyecto del Senado 1451 enfrenta riesgos fiscales y legales ligados al Plan de Ajuste y a la estipulación con la Junta de Supervisión Fiscal; la comisión pidió certificaciones numéricas y un análisis de impacto antes de seguir trámite.
El Senado de Puerto Rico celebró el 10 de junio una vista pública sobre el Proyecto del Senado 1451, que propone un retiro incentivado para empleados que las agencias identificaron como esenciales bajo la Ley 447 y la Ley 1. El presidente de la comisión abrió la sesión y convocó a técnicos del sistema de retiro y de la Autoridad de Asuntos Fiscales (AFAF) para explicar el alcance y los riesgos del proyecto.
La ponencia del director ejecutivo de la Junta de Retiro, Lic. Luis Collazo Rodríguez, y del director de AFAF, Lic. Enrique Guzmán, señaló que la implementación de disposiciones similares se ha hecho en el pasado mediante una estipulación entre el gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal, no por la vigencia plena de la Ley 80. “La elegibilidad para la participación de la implementación parcial del programa se limitó finalmente a mil ciento treinta empleados públicos”, dijo Collazo, explicando que la lista fue aprobada por la Junta y que la estipulación y el Plan de Ajuste rigen cualquier legislación incompatible.
Por su parte, AFAF subrayó que el plan fiscal certificado el 5 de junio de 2024 identifica expresamente el Proyecto 1451 como de “impacto fiscal significativo” y recomendó realizar un análisis actuarial y fiscal robusto usando herramientas como OPAL antes de cualquier aprobación. “No nos encontramos al presente en posición de respaldar la aprobación de este proyecto” por riesgos financieros y falta de un análisis exhaustivo, dijo Guzmán.
Legisladores preguntaron sobre el universo de beneficiarios y el calendario de implementación. Collazo y Cartagena explicaron que, aunque en formularios previos se registraron 10,533 solicitantes y las agencias en su momento identificaron 6,564 empleados esenciales, la aplicación práctica quedó limitada por la revisión y aprobación de listados por la Junta; en la experiencia previa solo se llegó a 1,130 participantes. La senadora Marlene Santiago y otros solicitantes pidieron edad promedio, desglose por agencia y un cálculo en dólares y centavos del beneficio para casos representativos.
El debate técnico también abordó el efecto sobre las plazas: los funcionarios explicaron que la negociación con la Junta ha requerido no sólo congelar, sino en la práctica eliminar plazas o “marcarlas” de modo que no puedan ser cubiertas, lo que complica reclutamiento y movilidades internas. Gustavo Cartagena señaló que la negociación llegó a imponer condiciones sobre la ocupación de vacantes y uso de la ley de movilidad.
Ante la falta de cifras y de un estimado fiscal detallado, la comisión pidió a la AFAF y a la Junta de Retiro que entreguen, a más tardar el viernes siguiente, una certificación con cuántos empleados permanentes quedan bajo Ley 447 y Ley 1, el posible impacto económico por agencia y recomendaciones técnicas para mitigar riesgos. El presidente anunció que la comisión podría reunirse en ejecutiva la semana siguiente para evaluar los datos.
La vista concluyó sin votación sobre el proyecto; los funcionarios se comprometieron a remitir la información solicitada y la comisión dejó la puerta abierta a continuar el trámite tras recibir el estudio fiscal y los listados requeridos.
