Auditoría de la Contraloría halla escuelas y almacenes en abandono en Ponce; la comisión exige inventarios y plazos

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico celebró vistas públicas el miércoles 6 de marzo de 2024 para examinar el informe de auditoría OC‑24‑35 sobre la Región Educativa de Ponce, que documenta escuelas cerradas en abandono, almacenes sin inventario adecuado y expedientes estudiantiles que no fueron transferidos correctamente.

En la ponencia inicial, la contralora de Puerto Rico, Jazmín M. Valdivieso, explicó que la auditoría, publicada el 5 de febrero de 2024 y que cubre el periodo 1 de enero de 2018 al 31 de mayo de 2023, detectó “escuelas cerradas y en abandono, y otras deficiencias relacionadas con los documentos administrativos y académicos.” Señaló además que la oficina tiene varios borradores adicionales en revisión y que las dependencias deben remitir un plan de acción correctiva (PAC) antes del 1 de junio de 2024.

“Dos escuelas estaban en abandono y deterioro y fueron vandalizadas”, dijo el subcontralor David de Jesús al detallar la falta de servicios básicos en un almacén arrendado en Ponce (sin electricidad ni agua), la ausencia de inventarios y la presencia de expedientes y equipos apilados sin clasificación. La Contraloría recomendó asignar fondos para mantenimiento, instalar servicios y asegurar la transferencia o disposición reglamentaria de expedientes y propiedad pública.

La inspectora general de Puerto Rico, Ivelis Torres Rivera, expuso hallazgos complementarios en la investigación del OIG sobre la escuela vocacional de Guaynabo: estructuras con filtraciones, hongos, termitas y uso prolongado como almacén que generaron pérdida de equipos y riesgo sanitario. La OIG estimó la inversión relacionada en torno a $27 millones y pidió una evaluación inmediata del estado de las instalaciones y de posibles infracciones de salud pública.

En su respuesta, la licenciada Carol Serrano LeBrón, representante del Departamento de Educación, dijo que la agencia ha iniciado planes de acción correctiva en la región de Ponce, que ha organizado el almacén y que coordina gestiones para solicitar $5 millones destinados al mantenimiento de escuelas en desuso. Serrano indicó que la asignación de fondos está sujeta a la aprobación legislativa y a la Junta de Supervisión Fiscal.

Durante el intercambio, los legisladores insistieron en la ausencia de consecuencias prácticas: según lo expuesto, de 82 recomendaciones acumuladas en informes previos 33 se han cumplido y 49 permanecen pendientes. El presidente de la comisión advirtió que no basta con recomendaciones y solicitó explorar enmiendas legales para crear mecanismos de responsabilidad más eficaces. La inspectora general y la contralora coincidieron en que hay limitaciones legales y administrativas que dificultan sanciones rápidas, especialmente cuando los funcionarios involucrados ya no ocupan los puestos.

La comisión formuló pedidos concretos antes del cierre de la sesión. El presidente solicitó al Departamento de Educación y a la Contraloría que entreguen en cinco días hábiles un listado detallado de las 49 escuelas cerradas en la Región de Ponce (ubicación y fecha de cierre), así como certificaciones sobre la naturaleza del acuerdo del almacén de Ponce (contrato de renta o similar) y el estatus de facturas y pagos relacionados. La Contraloría recordó que el PAC asociado al informe OC‑24‑35 debe presentarse a su oficina a más tardar el 1 de junio de 2024.

La vista dejó varias líneas de seguimiento: órdenes de cumplimiento emitidas por la OIG para recabar información, la planificación de posibles enmiendas a la legislación para endurecer sanciones administrativas y penales, y la coordinación entre Contraloría, OIG y Departamento de Educación para verificar transferencias de expedientes y el estado físico de planteles. La comisión levantó la sesión a la 1:35 p.m. y anunció que dará continuidad a las gestiones solicitadas.