Comisión de la Cámara escucha posiciones encontradas sobre proyecto que ampliaría dónde pueden depositar fondos los negocios de cannabis medicinal

La Comisión de Banca, Seguro y Finanzas de la Cámara de Representantes celebró una vista pública el 24 de marzo sobre el Proyecto de la Cámara 1103, que propone enmendar el artículo 18 de la Ley 42-2017 para permitir que instituciones financieras aseguradas acepten depósitos de establecimientos licenciados del programa de cannabis medicinal.

En la sesión, Zoime Álvarez Rubio, en representación de la Asociación de Bancos de Puerto Rico, dijo que la asociación “no se opone al proyecto” pero subrayó que, mientras el cannabis permanezca ilegal bajo la ley federal, las instituciones enfrentan obligaciones estrictas de cumplimiento y riesgos regulatorios. “Esto requerirá una inyección de capital y recursos humanos para cumplir responsablemente con el programa”, declaró Álvarez Rubio, y pidió que se tome en cuenta el criterio del Departamento de Justicia federal sobre posibles conflictos con leyes federales.

Mabel Jiménez, presidenta ejecutiva de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas (COSEC), explicó que COSEC ya ha emitido cartas informativas desde 2019 que establecen parámetros regulatorios para que cooperativas reciban depósitos de negocios autorizados bajo la Ley 42-2017, siempre que mantengan programas reforzados de debida diligencia, monitoreo de transacciones y reporte de actividad sospechosa. “Las cooperativas pueden recibir depósitos provenientes de negocios del cannabis medicinal, siempre que se cumpla rigurosamente los requisitos de cumplimiento aplicables”, dijo Jiménez.

Un representante del Departamento de Salud presentó la postura del Departamento y señaló que la medida “atiende una problemática real” en el acceso a servicios bancarios y podría mejorar la trazabilidad financiera del programa, pero recomendó que la implementación se coordine con guías federales (incluyendo las emitidas por FinCEN) y con directrices que permitan auditorías y conciliaciones entre registros de ventas, inventario y depósitos.

Desde la industria, José Alexis Rivera, director ejecutivo que compareció en representación de G9 Alliance Inc., describió los costos operativos que afrontan los operadores y aportó ejemplos numéricos. En un escenario usado como ejemplo, un dispensario con ventas de $140,000 mensuales podría enfrentar cargos fijos de unos $6,000 anuales por mantener la cuenta, más comisiones por transacción que, según Rivera, pueden sumar decenas de miles de dólares al año. Rivera pidió que la ley incorpore enmiendas concretas: una cláusula de “Safe Harbor” que proteja a las instituciones que cumplan con requisitos de cumplimiento, transparencia obligatoria de tarifas y un programa interagencial de integración para facilitar el onboarding de instituciones financieras.

Los legisladores interrogaron a los ponentes sobre cifras concretas (por ejemplo, cuántas cooperativas actualmente ofrecen servicios a la industria y la proporción de operaciones que permanece fuera del sistema bancario). Los testimonios mencionaron discrepancias en los datos: se dijo que una cooperativa —identificada en varias intervenciones como Tucoop— concentra la mayoría de las cuentas relacionadas con cannabis y que las estimaciones sobre depósitos registrados varían (cifras citadas en la vista incluyeron 40/60 y 60/40 en diferentes intervenciones). El Departamento de Salud y los comparecientes aceptaron remitir documentación y datos requeridos por la comisión; el presidente solicitó que ciertos documentos (incluida la política de divulgación de COSEC y registros sobre incidentes de seguridad vinculados al manejo de efectivo) se entreguen en un plazo de cinco días laborables.

No se registraron votaciones ni decisiones formales durante la vista. En el intercambio quedó claro el consenso en torno a los beneficios que podría traer mayor acceso bancario —principalmente mayor trazabilidad financiera y menor manejo intensivo de efectivo—, pero también la preocupación compartida por costos de cumplimiento, posibles sanciones federales y la necesidad de marcos claros y uniformes de supervisión.

La comisión levantó sus trabajos a las 12:08 p.m.; los ponentes se comprometieron a enviar documentación adicional que la comisión solicitó para preparar el informe final sobre el proyecto.