Departamento de la Vivienda informa avances por CDBG y responde sobre contratistas y 40,000 propiedades identificadas

El segundo día de las vistas de la transición "Transition 2024 - 2025" se centró en el Departamento de la Vivienda, que presentó un informe sobre el uso de fondos CDBG destinados a la recuperación de Puerto Rico y respondió preguntas de panelistas y periodistas.

Durante su intervención inicial, Speaker 1 destacó los resultados reportados por la agencia: desde 2021 el departamento dijo haber impactado a más de 10,000 familias; reconstruido o reparado casi 7,000 viviendas (frente a 582 al comienzo de la administración); emitido alrededor de 3,362 vales de reubicación y asistido a cerca de 11,500 familias a través del programa de asistencia directa al comprador. "Hemos logrado alcanzar y dar avances históricos", dijo Speaker 1 al presentar el recuento.

La presentación incluyó datos de la Autoridad para Financiamiento de la Vivienda —mencionada por la presentación— sobre vivienda multifamiliar: según lo expuesto, se habrían construido aproximadamente 851 unidades y se viabilizaron unos 16 proyectos adicionales en etapa de construcción, equivalentes a unas 2,000 unidades adicionales en total. En el programa de regularización de títulos, el departamento informó que alrededor de 3,000 personas recibieron título inscrito en el registro de la propiedad.

En la sesión de preguntas, un panelista preguntó por la existencia de viviendas que aún mantienen toldos azules tras el huracán María. El representante del departamento (Speaker 4) explicó que no existía un estudio previo completo sobre toldos y que por eso se realizó un estudio geoespacial con ONG certificadas; afirmó que "no hay una sola familia que tenga Toldo Azul porque todas [las que solicitaron] están siendo atendidas o ya culminó la reconstrucción o está en proceso".

Sobre recursos y reservas, el departamento indicó que casi todos los fondos CDBG-DR estaban comprometidos, pero que se mantienen reservas para cubrir aumentos en los costos de construcción y ajustes entre programas. En cuanto al inventario de viviendas vacantes, el departamento detalló un proyecto piloto que empezó con 50,000 unidades y dijo que ya están disponibles en una plataforma datos registrales, cargas, fotografías y geolocalización para que los municipios puedan acceder y priorizar intervenciones.

Varios intervinientes plantearon inquietudes sobre la relación entre empleados estatales y contratistas. Ante la percepción de que reducciones en plantilla fueron sustituidas por contratistas, el departamento respondió que la plantilla interna aumentó en un 75% y que se ha realizado transferencia de conocimiento desde contratistas a empleados, reduciendo gradualmente la dependencia de servicios externos.

Una afirmación polémica surgió cuando Speaker 3 citó una cifra de 1.2 billones (entre 2017 y 2024) atribuida a cinco empresas contratistas federales; el departamento ofreció "confirmar" y proporcionar la cifra desagregada. La oficina reconoció que las empresas prestan servicios a distintas agencias y programas y se comprometió a suministrar datos precisos para aclarar el monto y su relación con el programa de vivienda.

Sobre el programa de asistencia para compradores, una pregunta a la Autoridad para Financiamiento de la Vivienda generó una corrección en cifras: en primera instancia se mencionó "45" subsidios (asistencia directa al comprador) pero luego se indicó que la cifra reportada en agosto era aproximadamente 12,200 subsidios a la fecha más reciente, lo que sugiere que la cifra inicial citada correspondía a un subconjunto o a otro indicador y que el dato mayor es el acumulado actualizado.

En materia de jurisdicción para actuar sobre propiedades registradas como estorbos públicos, el departamento aclaró que el proceso de estorbo es municipal: los municipios deben iniciar el procedimiento, y en alrededor del 70% de los casos tras iniciado el proceso el propietario aparece y repara la propiedad; para el resto, el municipio puede adquirir la titularidad y poner la propiedad a disposición del Departamento de la Vivienda para su rehabilitación.

Finalmente, ante preguntas sobre el comité de transición y potenciales conflictos de interés, Speaker 1 indicó que no habían recibido información que inhabilitara a alguno de los miembros y recordó que los integrantes deben cumplir con la Ley 197 de 2002 y que firmaron acuerdos de confidencialidad antes de acceder a información sensible.

No hubo votaciones ni decisiones formales de política durante la sesión; la jornada se centró en la presentación de resultados, aclaraciones técnicas y compromisos de proveer datos adicionales por parte del departamento.