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Comité de transición: secretaria de Corrección rectificó testimonio y se canceló contrato de seguridad en Salinas
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Summary
En la vista ejecutiva del 10 de diciembre el comité dijo que la secretaria de Corrección rectificó bajo juramento errores sobre credenciales atribuidas a un consultor y a médicos; además confirmó la notificación de cancelación del contrato de seguridad de Salinas (cláusula: 30 días).
El comité de transición reunido el 10 de diciembre dijo que la secretaria de Corrección "rectificó su testimonio bajo juramento" después de que el comité recibiera una carta del licenciado Jorge Galva y de la corporación UTICORP que cuestionaba afirmaciones vertidas en una vista previa.
El miembro que abrió la sesión (Speaker 1) explicó que en la comparecencia anterior se dijo que Galva no figuraba como abogado y que los médicos que firmaron un informe no estaban licenciados en Puerto Rico. "La información que ella nos dio fue incorrecta... ella rectificó su testimonio bajo juramento", dijo Speaker 1, señalando que investigaciones posteriores mostraron que Galva y los médicos estaban habilitados para ejercer.
En la misma sesión se confirmó que el contrato de seguridad para la instalación de Salinas fue notificado como cancelado y que la cláusula de terminación establece un plazo de 30 días para hacer efectiva la cancelación. Lic. César Alvarado (Speaker 3) identificó el contrato que, según su recuerdo consultable en el registro de contratos, fue el 2025‑047 y estimó el monto en torno a $1.1 millones; dijo que el acuerdo incluía un memorando de entendimiento con los US Marshals para la custodia de reclusos federales en tránsito.
Alvarado agregó que, tras el retiro de los reclusos federales el 23 de julio, la compañía proveyó guardias por varios meses que ya no resultaban necesarios y que el contrato finalmente se canceló por esa razón. "El estimado es que cuatro meses de contratación y probablemente un quinto son sobre medio millón de dólares", declaró Alvarado, calculando que la contratación sin servicio representó entre aproximadamente $400,000 y $500,000.
El comité registró además que se está elaborando un plan correctivo con la compañía que provee servicios de salud correccional y que ese plan aún no ha sido aprobado ni puesto en vigor; la administración entrante deberá continuar con las gestiones pendientes, según el panel. Speaker 1 dijo que se han tomado medidas administrativas y reglamentarias para reducir la posibilidad de que situaciones similares vuelvan a ocurrir.
Se informó que UTICORP remitió una comunicación pública en la que describe la formación y la experiencia de la Dra. Silvet Rivera García, presidenta y CEO de UTICORP, incluida su fecha de titulación y certificaciones profesionales; el comité puso la carta a disposición de interesados.
La sesión concluyó sin voto formal sobre el asunto; el comité conservará el expediente y podrá citar nuevamente a funcionarios si emergen nuevas dudas o documentos.
