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Comisión revisa proyecto que busca restaurar lenguaje de selección municipal; asesores dicen que puede replicar leyes vigentes
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Summary
La Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara analizó el Proyecto de la Cámara 971, que enmienda el artículo 2.048 del Código Municipal para restituir facultades de la OATRH y añadir un inciso que descalifica a candidatos por información falsa; asesores señalaron que lo propuesto ya figura en leyes recientes y advirtieron riesgos para protecciones por religión.
San Juan — La Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara se reunió el 13 de enero de 2026 para evaluar el Proyecto de la Cámara 971, que propone enmendar el artículo 2.048 del Código Municipal de Puerto Rico para restituir lenguaje sobre habilitación de empleados y añadir un inciso que permitiría descalificar a solicitantes que presenten información falsa o engañosa en procesos de reclutamiento.
La Oficina del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos consignó un memorial (9 de enero de 2026) en el que expuso el marco legal vigente y señaló que, conforme a la Ley 8-2017 y sus enmiendas, "la facultad de dirigir, administrar y supervisar la junta consultora de habilitación de empleados" y la posición institucional en materia de habilitación ejecutiva se ha venido ajustando en leyes posteriores. El departamento indicó además que la facultad de emitir la posición oficial de la rama ejecutiva en asuntos de habilitación corresponde exclusivamente a la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) y dejó constancia de su postura para récord.
En representación de la Asociación de Alcaldes, Jaime L. García, asesor legislativo, explicó que la enmienda propuesta incluye la adición de un "inciso 8" que permitiría la descalificación por someter información falsa en solicitudes de examen o empleo. García afirmó que, "el proyecto no hace falta", al sostener que las disposiciones propuestas ya están contempladas en la Ley 22 y enmendadas por la Ley 40-2025, y que, si se aprueba el texto tal como está, podría excluir protecciones actualmente vigentes.
La representante Lisi (Lichi) Burgos advirtió específicamente que la Ley 22 contiene una cláusula amplia de no discriminación que incluye la protección por motivos religiosos y preguntó si la redacción del Proyecto 971 podría dejar fuera esa salvaguarda. "¿No se podrá discriminar por cuestión religiosa?", preguntó Burgos en la sesión, y otros miembros reconocieron que, en su forma actual, el proyecto podría resultar en una redacción más estrecha que la normativa vigente.
Durante el turno de preguntas, los asesores municipales explicaron que la presentación de información falsa puede descualificar a un candidato y que las divisiones de recursos humanos municipales tendrían la obligación de solicitar certificados —por ejemplo, antecedentes penales— u otros documentos para verificar la información aportada. La comisión señaló que tomará nota de los planteamientos y realizará las gestiones pertinentes para armonizar el texto legal sin afectar la intención legislativa.
La vista pública no registró votaciones ni enmiendas definitivas; los participantes acordaron continuar el trámite técnico para ajustar el lenguaje y evitar duplicidades o lagunas que pudieran reducir protecciones existentes. La comisión cerró sus trabajos a las 10:30 a.m. del 13 de enero de 2026.
