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Dueños de estaciones advierten que falta de contrato y piezas, plus poca fiscalización, ponen en riesgo operaciones y servicio
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Propietarios y asociaciones de centros de inspección denunciaron que la falta de un contrato vigente con el proveedor, escasez de técnicos, tiempos de reparación largos y equipos parcialmente funcionantes han causado cierres, sanciones y riesgo económico para PyMEs; la comisión ordenó datos y visitará centros.
Propietarios de centros de inspección y sus asociaciones describieron el 6 de febrero problemas operativos que afectan la continuidad del servicio: equipos con décadas de uso, insuficiencia de técnicos de mantenimiento, piezas no disponibles y bloqueo de funciones pensadas para evitar alteraciones.
Representantes del sector dijeron que muchos centros pagan $60 mensuales por la conectividad y que la falta de contrato con el proveedor actual (Cartec, certificado en 2011 pero sin renovación formal) dificulta exigir tiempos de respuesta o inventario local de piezas. Uno de los representantes de la Alianza afirmó que la disponibilidad de técnicos es baja y que, en su experiencia, la respuesta a ciertas reparaciones ha demorado semanas en algunos casos; la comisión pidió a Cartec y a los centros proporcionar listados de averías, tiempos de reparación y contratos de mantenimiento en cinco días.
DTOP reconoció que tiene limitaciones de personal (alrededor de 20 inspectores en la isla) y que ha iniciado investigaciones por posibles fraudes; detalló 40 sanciones desde 2023 y 29 estaciones cerradas. Ponentes y legisladores coincidieron en que el sistema actual «no funciona» como debiera, pero discreparon sobre la mejor vía de modernización: algunos defendieron opciones de arrendamiento con mantenimiento incluido; otros favorecen compra y acceso competitivo para evitar monopolios.
La comisión anunció visitas oculares a centros de inspección y más audiencias donde los propios dueños expondrán documentos y pruebas. Los centros reclamaron que cualquier nuevo proceso de contratación incluya opciones razonables (compra o alquiler) y un análisis de impacto económico para evitar cierres de negocios en áreas rurales y de baja demanda.

