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Comisión de la Cámara evalúa proyecto para garantizar equidad digital a adultos mayores
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Summary
En la vista pública del 14 de abril, la Comisión de Adultos Mayores de la Cámara examinó el Proyecto de la Cámara 11-64 para enmendar la Ley 100 de 2019 y exigir accesibilidad tecnológica y equidad digital para adultos mayores; ponentes del Departamento de la Familia, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y ARP apoyaron la intención y pidieron coordinación interagencial y análisis de impacto fiscal.
La Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes de Puerto Rico celebró el 14 de abril una vista pública sobre el Proyecto de la Cámara PDLACE 11-64, que propone enmendar la Ley 100 de 2019 para establecer el derecho a la igualdad en el acceso a servicios y tecnologías a favor de los adultos mayores.
El presidente de la comisión, representante Ricardo Chino Reyes Casio Ramos, abrió la sesión y leyó el proyecto antes de dar paso a las ponencias. Nicole Báez, directora de asesoramiento legal del Departamento de la Familia, dijo que la enmienda pretende “asegurar la equidad digital, la accesibilidad tecnológica y la inclusión plena de los adultos mayores en todos los procesos y plataformas tecnológicas utilizadas por agencias públicas, municipios y entidades privadas que ofrezcan servicios a esta población.” Báez explicó que el Departamento ya integró tecnología en programas de atención diurna y campañas educativas y anunció que el Departamento apoya el proyecto 11-64.
Edna Borges Rivera, directora de servicio al cliente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), describió las herramientas y canales que la corporación ofrece y subrayó la atención presencial: la AAA dispone de una aplicación móvil y plataforma web (‘mi acueducto PR’), 12 oficinas distribuidas en varias regiones y un centro de llamadas para asistencia. Borges Rivera señaló que, ante clientes que no usan tecnología, “el servicio es personalizado” y que las oficinas orientan y atienden presencialmente.
Por su parte, un representante de ARP (Pedro Julio Puelles Santiago) presentó estudios sobre brecha digital y acceso por edad y advirtió sobre riesgos si la digitalización avanza sin salvaguardas: citó datos que muestran que “casi un 90% de 55 años o más tienen acceso a telefonía móvil, mientras que computadoras y tabletas están por debajo del 40%,” y dijo que convertir la digitalización en sustituto de la atención presencial puede constituir “una forma moderna de discrimen por edad.” ARP recomendó educación tecnológica adaptada, alianzas multisectoriales y la inclusión de medidas contra el fraude dirigido a adultos mayores.
Legisladores consultaron sobre el impacto fiscal y operativo del proyecto. El representante Roberto López pidió verificar “cómo esto podría afectar fiscalmente a cada una de las agencias,” en particular a aquellas que no cuentan con amplia red presencial. Tanto el Departamento de la Familia como la AAA indicaron que mantienen servicios presenciales y que, en sus casos, la prestación no requiere cambios presupuestarios inmediatos, aunque reconocieron variaciones entre agencias y la necesidad de recabar datos de aquellas con menos recursos.
La sesión incluyó propuestas para ampliar la alfabetización digital, involucrar al Departamento de Educación y a universidades en programas de educación para adultos, y explorar fondos federales para ampliar servicios (por ejemplo, más campeas o centros diurnos con recursos tecnológicos). Los ponentes y legisladores acordaron entregar estudios y métricas solicitadas y la comisión se comprometió a recabar información adicional de otras agencias antes de avanzar.
La vista pública concluyó sin votación; la comisión fijó plazos para recibir documentación complementaria y continuará evaluando el alcance institucional y fiscal del proyecto antes de tomar decisiones formales.
