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Instituto de Ciencias Forenses solicita $4 millones adicionales para personal, mantenimiento y tecnología
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La directora ejecutiva del Instituto de Ciencias Forenses pidió un aumento de $4,000,000 para mantener acreditación, cubrir contratistas especializados, pagar servicios profesionales y sostener mantenimiento de equipo y planta física; advirtió riesgos en pérdida de acreditación si se recortan partidas clave.
La Comisión de Hacienda escuchó el martes 22 de abril la ponencia de la directora ejecutiva del Instituto de Ciencias Forenses, María Conte Miller, quien describió la operación actual del instituto, la adopción de nuevas tecnologías y la necesidad de un incremento presupuestario para el próximo año fiscal.
Conte Miller dijo que el Instituto requiere un aumento aproximado de $4,000,000 respecto al presupuesto vigente para sostener operaciones, contratar especialistas (patólogos, radiólogos forenses, asistentes de patólogo) y mantener contratos de servicios profesionales y de limpieza que, según la ponencia, respaldan la operación segura del laboratorio. “Si no mantenemos ese equipo apropiadamente… podríamos tener una sala de autopsia que no permitiera realizar las mismas”, advirtió la directora, al explicar el vínculo entre mantenimiento y acreditación.
La directora explicó que el Instituto ha incorporado tecnologías como escaneo 3D de escenas del crimen y equipos de imagen post mortem (CT), que han reducido tiempos de proceso y permitido mayor capacidad. Conte Miller informó que la nómina proyectada para el instituto es de aproximadamente $18.5 millones y que están solicitando a la Junta de Supervisión Fiscal un incremento de $1.5 millones para alcanzar esa cifra. Además, enumeró contratos y partidas que, según su exposición, no podrían mantenerse sin el aumento: lectura de CT (contrato identificado en la ponencia como de ~ $527,604), asistentes patológicos (~ $360,000), médicos forenses (~ $137,000), coordinador de residencia (~ $667,200) y neuropatólogo (~ $70,000), entre otros montos mencionados por la directora durante su presentación.
Conte Miller señaló riesgos operativos si se recortan partidas: incremento en los tiempos de entrega de informes forenses, pérdida de acreditación por incumplimiento de métricas (por ejemplo, plazos de entrega de reportes post mortem) y una mayor rotación de personal por competencia salarial con el sector privado y laboratorios fuera de la isla.
En preguntas de la Comisión, la directora explicó que el Instituto también ha recibido fondos de recuperación para remodelaciones (incluida la fase 1 y adjudicación de la fase 2), y que un proyecto de placas solares por $7,000,000 está en proceso, con la fase de diseño ya adjudicada y una solicitud adicional de aproximadamente $200,000 para cubrir diferencia de adjudicación. Conte Miller y su equipo defendieron que la inversión en tecnología y mantenimiento preventiva es condición para mantener la acreditación y la capacidad de servicio a tribunales y familiares de fallecidos.
Los legisladores plantearon interrogantes sobre la sostenibilidad de la plantilla, la competencia salarial con el sector privado y la disponibilidad de fondos federales; la dirección del Instituto indicó que busca mantener plantilla actual y reclutar personal adicional solo si se asignan los recursos solicitados o mediante guías futuras derivadas de los planes fiscales y de la Junta de Supervisión Fiscal.
