Audiencia del Senado examina cómo la Ley 25 permitió la salida de Hermes Ávila y revela fallas en notificación y supervisión

San Juan — El Senado de Puerto Rico celebró el 21 de mayo de 2024 una vista pública conjunta para revisar la aplicación de la Ley 25 de 1992 en el caso del excarcelado Hermes Ávila y para identificar fallas administrativas y reglamentarias que permitieron su puesta en libertad.

Celia R. Cosme Márquez, directora del programa de desvío del Departamento de Corrección y Rehabilitación, declaró bajo juramento que, al tomar decisiones sobre pases extendidos, se basó en la recomendación del panel médico y en los documentos del expediente administrativo. “Recuerde, presidente, yo atiendo una recomendación de un panel médico”, dijo Cosme durante el interrogatorio, y confirmó que desde su designación autorizó “aproximadamente como dieciséis” pases extendidos.

Legisladores centraron preguntas en tres puntos: (1) la delegación de la autoridad para conceder pases, (2) la discrepancia entre recomendaciones médicas previas negativas (2013–2019) y la recomendación favorable de 2022 que desencadenó la salida, y (3) la supervisión y notificación tras el egreso.

Sobre delegación, la comisión presentó una comunicación con fecha 6 de mayo de 2024 que designa a la secretaria auxiliar Janet Rodríguez Robles como la persona autorizada para evaluar y conceder pases extendidos. Cosme declaró no haber visto la carta previamente y dijo que, por instrucciones electrónicas, le fue limitado su criterio operativo.

Los senadores resaltaron que la Ley 25, en su redacción original, estaba pensada para enfermos terminales y que cambios reglamentarios posteriores y prácticas administrativas han ampliado criterios (por ejemplo, la inclusión de “condición limitante”) que, según opinó la senadora Ana Irma Rivera Alazén, han diluido la intención de la norma. “La ley veinticinco habla de enfermedad terminal”, dijo Rivera Alazén, y pidió mayor rigor para la evaluación clínica y para asegurar la participación efectiva de las víctimas.

El expediente del caso muestra que el panel médico emitió una recomendación favorable con fecha 9 de febrero de 2022 y que, tras esa recomendación, se integró un plan de salida evaluado por técnicos socio-penales. Los documentos y el testimonio indican que el tribunal enmendó la sentencia (se eliminó la cláusula de separación permanente de la sociedad en actas de 2014/2019), lo que cambió la base jurídica para la evaluación del riesgo.

La comisión también puso en evidencia deficiencias en la verificación y supervisión pos-egreso. El expediente y el intercambio de correos registran que el receptor propuesto del egresado fue contactado y que se firmó un compromiso, pero la supervisión prevista cada quince días no consta en la documentación pública y, según registros citados durante la vista, el beneficiario recibió solo cuatro visitas durante el periodo de supervisión conocido. El expediente además consignó que se estableció como condición el uso de un monitor GPS que, según la documentación en la vista, no llegó a instalarse.

Silvia Figueroa Sierra, jefa regional de programas y servicios correccionales (región norte), testificó que su oficina coordina servicios internos y que la supervisión en comunidad corresponde específicamente al negociado de programa de comunidad; afirmó haber sido copiada en correos sobre el caso pero negó intervención directa en la autorización del pase. Sobre el monitor GPS y las visitas en comunidad dijo: “No me consta”, en respuesta a consultas de la comisión.

Los legisladores solicitaron copias de las sentencias enmendadas, del expediente criminal y del expediente administrativo que sustentó la autorización, y anunciaron que continuarán la investigación para proponer reformas reglamentarias y procedimentales. El presidente de la comisión enfatizó que el objetivo es identificar fallas estructurales del sistema para corregirlas, no únicamente señalar responsables.

Como medidas inmediatas, la comparecencia dejó constancia de solicitudes documentales formales a la agencia y del traslado de la investigación a oficinas internas y a la Fiscalía donde corresponda; la testigo Cosme informó además que se le comunicó una reubicación administrativa y que está sujeta a una medida cautelar mientras continúan las pesquisas.

La audiencia se extendió por varias horas, incluyó múltiples preguntas de los senadores presentes y concluyó con el llamado a revisar reglas de delegación, protocolos de notificación a víctimas y mecanismos de supervisión pos-egreso.