Comisión del Senado escucha apoyo mayoritario y recomendaciones técnicas para implantar la ‘alerta azul’ en Puerto Rico

La Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado celebró una vista pública sobre el Proyecto del Senado 1404, que propone crear la figura legal de una "alerta azul" para facilitar la búsqueda y captura de quienes agredan o amenacen gravemente a policías y para localizar agentes aprehendidos en el cumplimiento de su deber. Funcionarios del Departamento de Seguridad Pública (DSP), la Policía y agencias de transporte y finanzas expresaron apoyo, hicieron recomendaciones de redacción y aportaron detalles operativos y presupuestarios.

El licenciado Miguel Candelario Piñeiro, en representación del DSP, dijo que la medida encaja en el objetivo del Departamento de Seguridad Pública de integrar componentes para un sistema de seguridad más efectivo y añadió: “apoyamos la aprobación del proyecto del senado catorce cero tres, catorce cero cuatro.” Candelario explicó que ya existe reglamentación para activar alertas en Puerto Rico (reglamento fechado el 7 de diciembre de 2021) y que la alerta azul se diseñaría sobre esa plataforma existente, citando ejemplos previos como las alertas Ashanti, Rosa y Silver.

El DSP pidió que el texto incluyera definiciones expresas (por ejemplo, que "Departamento" o "DSP" remita al Departamento de Seguridad Pública creado por la Ley 20 de 2017), que defina el término "Secretario" y que aclare que los agentes del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) se consideren agentes de orden público a los fines de la activación. También recomendó un término de ciento ochenta (180) días para la aprobación del reglamento a partir de la entrada en vigor, y advirtió que la normativa operativa debe armonizar con la Ley 38 de 2017 (Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme) y con obligaciones derivadas del acuerdo de reforma sostenible de la Policía, sujeto a supervisión federal.

Sobre alcance, representantes del DSP propusieron incluir a policías municipales y a otros primeros respondedores que, por la naturaleza de sus funciones, quedan expuestos a riesgos similares. El teniente José Ayala Resto describió la mecánica de la activación: un comité técnico (cuatro componentes) evaluaría la inteligencia disponible y, con la aprobación final del Secretario y del Comisionado de la Policía, se difundiría la alerta a celulares, pantallas dinámicas y otros medios; en condiciones típicas la difusión puede tardar entre cinco y diez minutos.

En materia presupuestaria, el senador autor y portavoces coincidieron con la apreciación del informe de impacto de que el efecto fiscal sería mínimo porque la infraestructura electrónica básica ya existe. Maritza Lugo Rodríguez, en representación del Departamento de Transportación y Obras Públicas y de la Autoridad de Carreteras, y un representante de la AFAF informaron que hay diez pantallas dinámicas disponibles para apoyar alertas en carreteras. Lugo detalló que la instalación de una pantalla nueva fue citada en la vista con un costo aproximado de $175,000 para adquisición e instalación y alrededor de $3,000 mensuales de mantenimiento, pero que con las diez pantallas actuales no se prevé instalación inmediata adicional.

Varios oradores respaldaron la iniciativa y destacaron enmiendas propuestas por el DSP. El senador (intervención identificada como 7) valoró las mejoras y afirmó que las enmiendas “me parecen espectaculares y estupendas.” Al mismo tiempo, hubo cautela técnica: miembros del comité y del DSP subrayaron la necesidad de que el filtro de activación quede en manos del comité para evitar exponer a víctimas o entorpecer investigaciones, y recordaron que cada caso debe evaluarse individualmente.

Durante la sesión también se mencionó la existencia de sistemas de reconocimiento facial integrados a cámaras en la isla; un legislador afirmó que la tecnología está “a un noventa y pico por ciento” de funcionamiento. Esa afirmación se presentó como comentario de capacidad tecnológica y no fue contrastada con documentación técnica durante la vista pública.

La sesión concluyó con el compromiso de las dependencias de enviar lenguaje pulido de la medida cuando esté disponible para nueva revisión por la comisión. Tras recibir todas las ponencias y memoriales, el presidente informó la hora y declaró cerrada la vista pública.