Comisión de la Cámara exige documentos y advierte revisión tras hallar vacíos en justificativos de ascensos en Bomberos

La Comisión de Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Representantes celebró el 2 de octubre de 2024 una continuación de la vista pública abierta por la resolución de la Cámara 1125 para evaluar los ascensos y pasos por mérito en el Negociado del Cuerpo de Bomberos. Los legisladores concluyeron que, pese a la entrega parcial de documentos tras una orden judicial, persisten faltantes clave en los expedientes que impiden verificar las justificaciones de retribuciones adicionales.

Los integrantes de la comisión expresaron preocupación por la ausencia de certificaciones firmadas por la autoridad nominadora, la falta de los análisis que sustentan los pasos por mérito y la carencia de identificación de los evaluadores y entrevistadores en numerosos expedientes. La presidencia de la comisión señaló además que la pesquisa motivó una demanda de la Cámara ante el Tribunal Superior (SJ 2024 CV 06294) para forzar la producción de documentos y que, tras una orden emitida en julio, la documentación recibida sigue presentando deficiencias.

Desde el Departamento de Seguridad Pública (DSP), el director legal Miguel Candelario Piñeiro defendió la responsividad de la agencia y explicó que la entrega se ha limitado por consideraciones de casos sub judice: no obstante, dijo, "hemos sido responsivos" y han producido "una cantidad sustancial de documentos" solicitados por la comisión. El DSP advirtió que no puede divulgar material que comprometa la estrategia de su defensa en procesos pendientes.

La directora de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del DSP, Charicela Ayala Villegas, dijo que las búsquedas realizadas en agosto de 2024 arrojaron la ausencia generalizada de documentos que reflejen el análisis que justificaría la concesión de pasos por mérito: "En estos momentos no se están dando los pasos por mérito, pero los pasos por mérito se evalúan por las ejecutorias y las recomendaciones de los supervisores", declaró, y confirmó que en muchos expedientes físicos no figuran las evaluaciones o las justificativas escritas.

Henry Torres, analista que intervino en la tramitación de listados, explicó el procedimiento operativo: el área de Recursos Humanos remite una tabla o listado con las recomendaciones y la cuantía; el analista elabora la tabla y la remite para certificación y luego para su ingreso al sistema, pero no siempre existen, en el expediente físico, los análisis o las contestaciones a las entrevistas que justificarían los pasos.

El comisionado del Cuerpo de Bomberos, Marcos Concepción, defendió la capacitación y el compromiso del personal operativo, pero reconoció que hay limitaciones de plantilla y que el departamento ha pedido recursos para aumentar la dotación. "Yo soy bombero hace veinticuatro años, confío en los bomberos desde el primer día que se gradúan hasta el último día que se retiran", dijo Concepción, al responder preguntas sobre operatividad y seguridad.

Los diputados insistieron en verificar si las comunicaciones fiscales enviadas a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) informan el detalle de los pasos por mérito (la cuantía concreta) o solamente el impacto presupuestario. La directora de presupuesto del DSP confirmó que la oficina certifica la disponibilidad de fondos con base en la información que recibe de Recursos Humanos, pero que la documentación que acompaña esas certificaciones suele ser la tabla remitida por personal de recursos humanos.

La vista sumó además debate técnico y legal sobre la aplicabilidad de la Ley 8 y sobre una orden especial que enmienda reglas de ascenso: los asesores legales de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH/UATRH) sostuvieron que, a su juicio consultivo, el sistema de rango (que regula a bomberos) tiene particularidades que han generado interpretaciones diferentes sobre la aplicabilidad de la Ley 8. La comisión discutió la entrada en vigor de la orden especial 2024-01, que amplió supuestos y añadió rangos como comandante en la orden, y advirtió el riesgo de que cambios normativos prospectivos no aclaren retroactivamente procedimientos aplicados en 2023.

Acciones y plazos. La comisión impuso plazos concretos para la entrega de información complementaria: solicitó a la Oficina de Recursos Humanos del DSP y a OGP que entreguen, en un primer término, copias de las comunicaciones y los correos que sustentan las certificaciones de fondos y las tablas de pasos por mérito (plazo: cinco días laborables; la comisión autorizó ampliar a diez días a petición del DSP cuando la documentación exige intervención de informática). También se le pidió al jefe del Cuerpo de Bomberos que, en el término de cinco días, exponga por escrito los estándares y protocolos de respuesta a incidentes (por ejemplo, procedimiento ante explosiones) para que la comisión pueda evaluar vínculos entre formación, experiencia de supervisión y seguridad operacional.

Próximos pasos. La presidencia anunció que citará a exfuncionarias y funcionarios que ocuparon puestos clave (entre ellos la pasada secretaria auxiliar y la jefa de Recursos Humanos en el periodo cuestionado) y advirtió que la comisión no renuncia a remitir al tribunal o a otras instancias cualquier deficiencia que afecte la legalidad del procedimiento. La vista quedó levantada y la investigación continuará según la recepción de la documentación solicitada y el avance de los procesos judiciales relacionados.

Balance. La sesión expuso un cuadro mixto: el DSP afirma haber respondido y haber entregado material, pero la comisión mantiene que faltan elementos probatorios esenciales para determinar si los ascensos y los pasos por mérito se justificaron conforme a reglamentos y convenios vigentes. La combinación de vacíos documentales, la coexistencia de reglas antiguas y nuevas (orden de 2001 versus orden especial 2024-01) y los casos sub judice plantean la necesidad de aclaración legal y administrativa antes de dar por concluidas eventuales responsabilidades o correcciones administrativas.

La comisión quedará a la espera de la documentación ordenada y de las pruebas que el DSP consigne ante la comisión o en los tribunales para determinar eventuales medidas adicionales.